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ESCÁNDALO DEL 'DIESELGATE'

Bruselas planea endurecer el sistema de homologación de vehículos

La Comisión Europea ultima una propuesta para reforzar la vigilancia y poder sancionar a los fabricantes que incumplan las reglas

Silvia Martinez

La comisaria Elzbieta Bienkowska.

La comisaria Elzbieta Bienkowska. / FRANÇOIS LENOIR / reuters

El escándalo Volkswagen y el hecho de que fueran las autoridades de Estados Unidos quienes destaparan la existencia de un software fraudulento, para manipular las emisiones de algunos modelos diésel, ha puesto a los sistemas de homologación de vehículos de la Unión Europea en cuestión. La Comisión Europea ultima ahora una "ambiciosa" propuesta con la que pretenden endurecer los controles, dotándose de más competencias para actuar en caso de problemas, incluida la posibilidad de sancionar a los fabricantes que se salten las reglas.

Actualmente, cuando un compañía quiere comercializar un vehículo en la UE basta con que solicite la homologación ante la autoridad responsable de un Estado miembro. Si se la concede el certificado de conformidad, el coche puede circular libremente en el resto de la UE sin tener que pedir país por país otros certificados. La nueva normativa que prepara Bruselas no modifica este reconocimiento pero sí aspira a romper los conflictos de interés que existen por el mero hecho de que son los fabricantes quienes pagan al servicio técnico nacional que les concede a posteriori la autorización. “Las autoridades delegan en un servicio de homologación al que a su vez paga el fabricante lo que puede dan lugar a un conflicto de interés”, admiten fuentes del Ejecutivo comunitario.

La comisaria de industria, Elzbieta Bienkowska, no solo aspira a romper ese estrecho vínculo para hacer más independiente el sistema, también incluirá la posibilidad de que las autoridades comunitarias puedan pedir revisiones adicionales de determinados vehículos si lo consideran necesario, algo que hasta ahora escapa a sus competencias, y que también podrán hacer otros Estados miembros distintos al que concedió el certificado. La intención, aseguran, es dotar al Ejecutivo comunitario no solo de más poder de vigilancia sino también de la posibilidad de imponer sanciones tanto al fabricante como al servicio técnico responsable de las homologaciones, un poder que actualmente recae exclusivamente en los Estados miembros.

“La Comisión Europea está trabajando para presentar pronto una propuesta legislativa para revisar el sistema actual de homologación, el sistema en el que las autoridades nacionales tienen que examinar que se cumplen los requisitos de seguridad, medio ambiente y producción en vehículos antes de entrar en el mercado”, explica la portavoz de Bienkowska. En Bruselas no descartan que el nuevo plan, que se suma a la polémica propuesta para medir las emisiones en situaciones de conducción real y no en laboratorio como hasta ahora, pueda ver la luz tan pronto como la próxima semana.

A la espera de conocer los detalles, este jueves ha pasado por el despacho de Bienkowska el consejero delegado de Volkswagen, Matthias Müller, que se ha vuelto a comprometer a presentar lo antes posible “toda la información técnica necesaria” para que la Comisión Europea evalúe si las medidas correctivas que han adoptado son o no adecuadas. Bienkowska, como ya hiciera por carta, le ha recordado la necesidad de disponer de los datos de emisiones de CO2 y ha invitado de nuevo a Müller a compensar de la misma forma que en Estados Unidos a los millones de consumidores afectados en Europa.

LA EUROCÁMARA INVESTIGA

Impulsada a raíz del escándalo de las emisiones de Volkswagen destapado en septiembre del año pasado, la nueva comisión de investigación puesta en marcha por la Eurocámara estará compuesta por 45 eurodiputados, entre ellos los españoles José Blanco (PSOE) o Pablo Zalba (PPE). Su tarea será investigar si los fabricantes de coches han vulnerado las reglas europeas en materia de emisiones. Además, tendrá que aclarar si la Comisión Europea o los Estados miembros conocían la existencia de mecanismos de trucaje antes de que se destapara el caso el 18 de septiembre de 2015 y determinar en qué han fallado las autoridades comunitarias y los gobiernos. La comisión presentará un primer informe en seis meses y otro al final del mandato dentro de un año.

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