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PROCESO JUDICIAL DE UNA ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

El fiscal reclama cárcel para la excúpula de Mutua Universal

La acusación cifra la presunta malversación de fondos públicos en 195 millones de euros

Para el exdirector general de la entidad, Joan Aicart, pide más de 15 años de prisión

J. G. Albalat

El fiscal anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled reclama penas que oscilan entre los 15 años y medio y los dos años y un mes de cárcel para 11 exdirectivos de Mutua Universal por presunta malversación de fondos y apropiación indebida, entre otros delitos. Se les atribuye el supuesto desvío de, al menos, 195 millones de euros que debían haber sido devueltos a la Seguridad Social. La investigación se inició en el 2007 y el principal imputado es Joan Aicart Manzanares, que fue director general de la entidad y que se enfrenta a 15 años y seis meses de prisión. A 10 acusados se les solicita que indemnicen al Seguro por la cantidad total defraudada.

El fiscal sostiene que Aicart y el resto de cargos ejecutivos de la Mutua Universal imputados «se concertaron» para expandir el volumen de negocio de la entidad «a costa, principalmente, del patrimonio de la Seguridad Social». Para ello, «detrajeron» fondos de carácter público que aplicaron a conceder beneficios a determinados asociados con el objetivo de «captarlos» o «fidelizarlos».

Los acusados crearon y mantuvieron en funcionamiento «un entramado societario» que prestó servicios a terceros y a la entidad en un «claro conflicto» de intereses y en «perjuicio del erario». Este «conglomerado» de compañías recibió fondos privados de la mutua que fue utilizado «indebidamente» para fines ajenos a la entidad de previsión social y «en perjuicio económico de esta».

PERSONALISMO

La acusación pública detalla en su escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona que se ha encargado de la investigación, que la mutua se «articulaba» sobre la figura del director general y cuatro subdirecciones generales. Más allá de su estructura formal, Aicart ejercía la máxima responsabilidad ejecutiva de la entidad «de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico, a la vez que carismático». Por debajo suyo estaban los cuatro subdirectores generales imputados: José Villa TorresAlfredo Isidro MaciaFrancisco Javier Tobajas y Josep García Belaire, para quienes el fiscal reclama seis años y 10 meses de cárcel. Estos directivos también tenían «un poder real» a la hora de proyectar y ejecutar las estrategias de la mutua y de las sociedades vinculadas a ella. También están acusados cuatro jefes de departamento, un consultor de la entidad y un asesor jurídico.

La fiscalía sostiene que Aicart, secundado por sus colaboradores, dispuso de una «compleja estrategia defraudatoria» en perjuicio de la Seguridad Social y del propio patrimonio de la mutua. Usaron dos mecanismos. En primer lugar, diseñaron un sistema para retornar indebidamente a numerosas empresas asociadas a la mutua las cantidades procedentes de sus cotizaciones que no habían sido realmente gastadas y que, por tanto, debían haber sido reintegradas a la Seguridad Social (técnicamente se denominan extornos). Estos fondos son dinero público.

En segundo lugar, los acusados articularon un «complejo entramado» de empresas que, «actuando en concierto y bajo un régimen de unidad de decisión», se dedicó a facturar a la mutua por unos servicios que «encarecían artificialmente», al tiempo que eran financiados por la entidad con dinero de la Seguridad Social y de su propio patrimonio.

Temas: Corrupción

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