Los dueños de Cacaolat, ante el juez tras cerrar la planta de Utebo

Sol Daurella, presidenta de Cobega -distribuidora de Coca-Cola en España-, el director general de la compañía, Víctor Rufat, y el director general de Cacaolat, Francesc Lluch, comparecieron ayer ante una juez de instrucción de Zaragoza para explicar el cierre de la planta de Cacaolat en Utebo (Zaragoza) tras los ajustes que los nuevos propietarios de la compañía láctea impusieron en su plan de viabilidad.

Los 56 trabajadores de la planta de Utebo presentaron una querella  contra los nuevos dueños de Cacaolat -además de los directivos de Coca-Cola, también han de comparecer los de Damm y la consultora Victory, que intermedió la venta- porque no se cumplieron los pactos para mantener abierta la planta aragonesa.

En su escrito de acusación, el abogado de los trabajadores, Eladio Mateo, denunció el incumplimiento sistemático y deliberado de los nuevos dueños de sus compromisos para mantener la actividad en la planta de Utebo.  «Han  aportado argumentos comerciales y  falta de competitividad de la planta por  haber estado cerrada mucho tiempo», explicó Mateo, antes de concluir que se trataba,  en el fondo, «de un plan deliberado para liquidar la fábrica».

El medio centenar de empleados denunciantes aseguran que los nuevos dueños de Cacaolat no cumplieron su compromiso de mantener los puestos de trabajo  ni hicieron las inversiones necesarias para garantizarlo. Un portavoz de los trabajadores fue muy explícito: «Solo implantaron una aplicación informática para controlar el acceso a la fábrica».

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En prueba de la intención real de los dueños de Cacaolat de prescindir de la factoría de Utebo, el portavoz de la plantilla explicó que «hubo desinversión en capital humano, como lo prueba que se llevaron a la fábrica de Barcelona a los jefes de calidad y de producción». Los exempleados de Cacaolat  presentes en la Ciudad de la Justicia aragonesa lo corroboraron:  «Han mentido. Desde el principio se vio que tenían la intención de cerrar la planta».

El proceso judicial sigue abierto porque la Audiencia Provincial reabrió el caso tras la el rechazo de la querella en primera instancia en diciembre del 2014.