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LOS PROCESOS

El via crucis judicial de Rodrigo Rato: del 'caso Bankia' y las tarjetas 'black' hasta su patrimonio

El exvicepresidente del Gobierno ha sido imputado en varios casos desde julio del 2012

SONIA GUTIÉRREZ / BARCELONA

Rodrigo Rato, a la salida del juzgado madrileño, el 6 de octubre.

Rodrigo Rato, a la salida del juzgado madrileño, el 6 de octubre. / JOSË LUIS ROCA

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, tiene varios procesos abiertos desde julio del 2012. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y el juez de instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, son los responsables de las diversas investigaciones.

 'CASO BANKIA': UNA SALIDA A BOLSA MUY CUESTIONADA

El caso Bankia fue el primero de los procesos judiciales en los que se vio implicado Rodrigo Rato. En julio del 2012, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite las querellas de la plataforma 15MpaRato y de UPyD por la fusión de las siete cajas que dieron lugar a Bankia, y la salida a bolsa de esta entidad.

Hay 33 directivos y consejeros imputados, incluido Rato, que fue presidente de Caja Madrid y, después, de Bankia (hasta mayo del 2012, cuando el Gobierno intervino la entidad y puso a José Ignacio Goirigolzarri al frente). Los imputados son investigados por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas. El 20 de diciembre del 2012, Rato compareció ante el juez, y culpó a José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy de la debacle de Bankia.

También se ha incluido en la causa la venta de participaciones preferentes, que arruinó a miles de afectados. Además, el juez Andreu investiga el pago de 6,2 millones del banco de inversión Lazard a Rato en el 2011.

EL ESCÁNDALO DE LAS TARJETAS 'BLACK' DE CAJA MADRID

En octubre del 2014 estalló el escándalo de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid, que fueron entregadas a 86 directivos y consejeros de esta entidad y de Bankia (cuatro de ellos no las usaron), con las que gastaron 15,5 millones de euros entre el 2003 y el 2012 en viajes, restaurantes y productos de lujo. Rato usó su tarjeta black hasta dos días antes de dimitir, con la entidad ya en quiebra. Tras conocerse el escándalo, pidió la baja del PP.

El expresidente de Bankia hizo frente a una fianza de tres millones con un aval del Banc Sabadell para cubrir la responsabilidad civil que le impuso el juez Andreu al considerar que podría haber cometido un delito continuado de administración desleal por autorizar las tarjetas black. De hecho, Rato heredó un sistema iniciado por el anterior presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Según el juez, Rato y Blesa habrían «consentido, aceptado y propiciado» estas tarjetas.

El magistrado abrió una pieza separada del caso Bankia para investigar las tarjetas black. Inicialmente fueron imputadas 81 personas, pero tras ser absueltos 26 beneficiarios, permanecen en el proceso 55 imputados.

UN PATRIMONIO EN CUESTIÓN TRAS LA AMNISTÍA FISCAL

La última investigación abierta sobre Rodrigo Rato tiene que ver con su patrimonio personal y familiar. El 16 de abril, fue detenido siete horas, mientras personal de la Agencia Tributaria registraba su domicilio y su despacho. Días antes, había trascendido que Rato estaba siendo investigado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), tras acogerse a la amnistía fiscal del 2012.

En este caso, se investiga la trama de sociedades que habría permitido a Rato ocultar sus ingresos al fisco. Bajo la lupa hay desde los pagos por cursos y conferencias hasta el cobro de comisiones a empresas de publicidad. El juez imputa a Rato los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y corrupción entre particulares. Hay otros ocho imputados, entre ellas los presuntos testaferros Alberto Portuondo (detenido desde agosto) y Miguel Ángel Montero, y la secretaria Teresa Arellano.

El juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga el caso, planteó una cuestión de competencia al Supremo al creer que corresponde a la Audiencia Nacional, pero juez Fernando Andreu se niega a asumirlo.