El tercer sector ante la nueva realidad

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2013, publicada por el INE el pasado 27 de mayo, los hogares españoles tuvieron durante el año 2012 una reducción del 3,5% en sus ingresos medios. Esta situación, paradójicamente, ha disminuido la población en riesgo de pobreza que en ese año 2012 era del 20,4%, frente al 20,8% del año anterior. Es decir somos más pobres y somos más los que somos pobres, porque al bajar la renta y además aumentar el número de personas que perciben rentas bajas, el umbral de la pobreza también se desplaza.

Esta situación de normalización o globalización de la pobreza es visible en los hábitos de consumo de una empobrecida clase media que se ha resignado a prescindir de bastantes cosas que antes eran habituales. Hemos pasado del menú a la fiambrera, del coche al autobús, de las vacaciones exóticas a la vuelta al pueblo de siempre y a las invitaciones a casa en vez de salir a cenar con amigos.

Si nos fijamos en los grupos poblacionales, son los mayores de 65 años los que están relativamente menos empobrecidos y, sin embargo, crece el riesgo de pobreza entre el resto de los ciudadanos, especialmente los menores de 16 años. Este dato es relevante en sí, no solo por su gravedad sino porque el pasado año se conmemoraba el 25º aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño proclamado por la ONU y, lamentablemente, parece que todavía queda mucho camino por recorrer. La fragilidad de muchas familias -rupturas, maltrato, paro, negligencia, monoparentalidad- repercute en la parte más débil. De hecho, esta misma encuesta señala que los hogares más castigados son aquellos que están formados por adultos con niños -30% de riesgo de pobreza-, porcentaje que crece hasta el 38% cuando  el hogar es monoparental.

Con respecto al nivel y ritmo de los gastos, el 16,9% de los hogares españoles manifiestan llegar a fin de mes con «mucha dificultad». Este  porcentaje supera en 3,4 puntos al registrado el año anterior. Este concepto comprende aspectos como no poder permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, presentar mucha dificultad para llegar a fin de mes y tener retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal.

Esta situación no se ha hecho invisible del todo gracias al fuerte entramado familiar y social que tenemos en nuestro país. Por una parte, la familia extensa ha pasado a intervenir en las situaciones de precariedad, paliando las carencias de la familia nuclear. Es muy relevante en este sentido el papel que están jugando los abuelos que en muchas ocasiones, con sus pensiones, están haciendo frente a la manutención y educación de sus nietos. La solidaridad intergeneracional familiar, una vez más, es una de nuestras grandes riquezas.

Seis millones de voluntarios

Ante este panorama, emergen con un nuevo protagonismo la red de entidades implicadas en el apoyo a las familias y a las personas en situación de pobreza. En España existen alrededor de 29.000 entidades asistenciales de carácter privado, sin ánimo de lucro, en las que trabajan alrededor de 500.000 personas, lo que supone en la práctica 2,5% del empleo nacional. Los efectos de la crisis económica ha redimensionado la el papel del tercer sector, que se ha visto desbordado tanto por el aumento de las necesidades sociales como por la concentración de subvenciones públicas, la disminución de las aportaciones de empresas y particulares y el drástico cambio en las obras sociales de las cajas de ahorro. Además del personal contratado, estas entidades pueden realizar su tarea gracias al apoyo de un gran número de voluntarios. Según la Encuesta Social Europea (ESE 2012), España muestra un porcentaje de participación ciudadana del 17,6% en tareas de voluntariado a través de estas entidades, algo superior a la media europea; aunque muy lejos del país más solidario, Finlandia, con el 38%. En nuestro país hay seis millones de voluntarios (el 15% de la población), de los cuales el 8% son mayores de 65 años. Este dato nos sitúa en el sexto lugar en participación ciudadana de toda la UE.

En las sociedades democráticas maduras, las manifestaciones de acción social solidaria civil están correlacionadas con el nivel de confianza institucional y con la capacidad de diálogo de los distintos actores sociales: administraciones públicas, empresas y entidades del tercer sector. La alianza y la sinergia entre estos mundos puede ser la vía

-de hecho en muchos países lo ha sido- para desarrollar modelos inclusivos de bienestar social: el consumo colaborativo, la financiación colectiva (crowdfunding), los comedores sociales, las cooperativas de consumo y los bancos de alimentos son algunos ejemplos.

Una situación como esta requiere un gran pacto entre los poderes públicos y la sociedad civil, porque no bastan las medidas macroeconómicas enfocadas a la mejora de los grandes indicadores. Es preciso atender a la persona y de modo prioritario a la más vulnerable porque, como recuerda Zygmunt Bauman, la fortaleza de una cadena se mide por el eslabón más débil.

Se impone una visión integradora que busque la armonía entre mundos  que con frecuencia han tomado rumbos dispares: la economía, el medioambiente, la sociedad. El papa Francisco en su reciente encíclica Laudato si' habla de ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales: «Cambiar el modelo de desarrollo global implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad». Para ello, es preciso un fuerte liderazgo y una clara determinación por parte de quienes tienen esa responsabilidad pública: «La grandeza política -comenta también Francisco- se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo».