El TSJC anula el concurso de ATLL, la mayor privatización de la Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el acuerdo de adjudicación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta a través Aigües Ter Llobregat (ATLL), la mayor privatización acometida por la Generalitat, según la primera sentencia sobre el fondo de un litigio que dura dos años y medio. El Ejecutivo catalán se embolsó 298,7 millones al firmar el contrato en diciembre del 2012 y utilizó también los 696,9 millones para  reducir el déficit del ejercicio.

Según el fallo, el tribunal considera que la anulación de la oferta de Acciona que emitió el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (Oarcc) el 2 de enero del 2013, pocos días después que se formalizase el contrato de adjudicación "debe extenderse al conjunto del procedimiento de contratación".

El motivo, en cambio, no es el que señalaba el Oarcc, respecto a la obligatoriedad del orden y secuencia del calendario de obras, sino que precisamente el TSJC considera que hubo una contradicción en los términos en que se planteó el concurso respecto a este tema, y por tanto se produjo una "infracción de los principios de publicidad y concurrencia" antes de que los grupos que pujaban por la concesión, uno liderado por Acciona y otro por Aigües de Barcelona (Agbar), presentasen sus ofertas.

Agbar impugnó el proceso por diversos motivos y el Oarcc se acogió al supeusto incumplimiento del plan de obras. El fallo considera que dado que la infracción de los principios de publicidad y concurrencia afecta a la fase de aprobación del calendario de obras y sus aclaraciones, "la consecuencia de aquella no puede ser la exlucisón de la oferta de Acciona, sino que la anulación debe extenderse al conjunto del procedimiento de contratación".

COSTE DEL FALLO

En el mismo texto, los jueces añaden que esta anomalía es "un vicio producido con anterioridad a la formulación de las ofertas de los licitadores, que no tuvieron cabal conocimiento del alcance exacto de las exigencias relativas al programa de obras, lo que contradice los principios básicos de la contración administrativa (...).

Aunque desde el Govern no se ha hecho aún una vlaoración del alcance de la sentencia, el Ejecutivo catalán hizo hace unos meses unas estimaciones del impacto que supondría anular la licitación y que superaría los 1.100 millones.

Desde que se procedió a la adjudicación a Acciona de este contrato, se han sucedido seis sentencias del TSJC en cuanto a las medidas cautelares y tres del Tribunal Supremo que dejaban en el aire el proceso.

Los primeros informes técnicos encargados pro esta mesa avalaban el resultado del concurso y, en todo caso, avalaban que, dando por válidas las tesis del Oarcc, ni Acciona ni la perdedora de la licitación, Agbar, debían hacerse cargo de ATLL.