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Imputados por desviar dinero directivos de cuatro cajas

Los acusados son de las entidades de Terrassa, Laietana, Navarra y España

La trama está acusada de emitir facturas falsas para defraudar

J. G. ALBALAT / BARCELONA

La jueza de Barcelona Carmen García ha imputado a siete directivos y representantes de cuatro cajas de ahorro por presuntamente haber participado en el desvío de casi seis millones de euros procedentes de las mismas entidades financieras a través de facturas falsas o hinchadas emitidas por la desaparecida empresa inmobiliaria CIPSA. La Guardia Civil detuvo el pasado mes de diciembre a los máximos responsables de esta empresa. La investigación se dirige ahora hacia los ejecutivos de las cajas de ahorro que supuestamente participaron en la operativa.

La juez tiene previsto interrogar en los próximos días a dos directivos, altos cargos o representantes de las extintas Caixa Terrassa (ahora en la órbita del BBVA), uno de Caixa Laietana (Bankia), dos de la Caja de Ahorros de Navarra (CaixaBank) y uno de Caja España (Ceiss).

La juez señala en su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que los responsables de la mercantil CIPSA, los imputados Carlos Fernández, Clemente Aulet y Miguel Gamell, llevaron a cabo «actuaciones directamente encaminadas» a obtener un «ilícito enriquecimiento».

CIPSA y las cinco cajas de ahorros crearon cinco sociedades participadas conjuntamente. La firma de Carlos Fernández se ecargaba de buscar los solares y los proyectos, mientras que las entidades de ahorro eran las responsables de proveer la financiación. La juez sostiene que los responsables de CIPSA pagaron presuntamente comisiones en negro a intermediarios. Para justificar estas cantidades se giraron facturas a las cinco empresas mixtas por «conceptos «mendaces» y «falsos».

Como las cajas eran las encargadas de financiar los proyectos, estas facturas falsas eran abonadas con dinero de las mismas cajas de ahorros. Por este motivo, la jueza sostiene que presuntamente se habrían sustraido seis millones de euros en este tipo de operativa.

La magistrada señala que los responsables de CIPSA, «aprovechando su relación bancaria con directivos» de las antiguas cajas Terrassa, Laietana, Navarra, España y Manlleu les convencieron para invertir en operaciones inmobiliarias entre los años 2005 al 2007 a través de la creación de empresas participadas por las entidades.

LA IMPLICACIÓN / Según detalla el auto, los responsables de CIPSA emitieron a las empresas mixtas creadas para las operaciones facturas por «conceptos no reales» o incrementadas, que fueron pagadas a costa de las cajas de ahorro. Los desembolsos de dinero, insiste, fueron autorizados, precisamente, por los directivos de las entidades bancarias que formaban parte, a su vez, del consejo de administración de las compañías intermediarias. Hay varias operaciones bajo sospecha.

La jueza analiza en su auto la participación que tuvieron en los hechos investigados los directivos de cuatro de las cinco cajas implicadas y que habían sido nombrados representantes de las mismas.

En  la compañía Promou, creada por Caixa Terrassa y CIPSA, por ejemplo, figuraban en el consejo de administración como representante de la entidad financiera Ricard Prior Margarit y Sebastian Mas Plana (ahora imputados). Estas dos personas, señala la magistrada, tenían «amplios conocimientos y responsabilidades en el ámbito inmobiliario» de Caixa Terrassa. Mas era responsable de proyectos inmobiliarios de la entidad y Prior jefe del departamento de inversiones inmobiliarias.

Estos dos nuevos imputados declararon ante la policía que su función era el seguimiento de las operaciones inmobiliarias que llevaba a cabo la empresa mixta (Promou). La jueza alega que negaron desconocer el pago de comisiones y la existencia de facturas falsas. No obstante, señala la magistrada, el que fuera director general de CIPSA, Carlos Fernández, ha afirmado que los representates de Caixa Terrassa conocían «al detalle» la cantidad que se iba a pagar por el terreno,  intemediación y por gastos, pero también sabían que las comisiones «en negro» se justificarían con facturas falsas a terceras sociedades de la trama. Fernández, defendido por el abogado Manuel Troyano,  ha aportado pruebas.

De forma similar se expresa la jueza en su resolución respecto a los otro cinco imputados que representaban a Caixa Laietana, Caja de Ahorros de Navarra y Caja España en las empresas mixtas creadas con CIPSA y denominadas Urbiland, Cubican y San Marcos. El representante de Caixa Manlleu en otra de las empresa implicadas no ha sido imputado porque ha fallecido.

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