28 feb 2020

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REFORMAS ESTRUCTURALES

Rajoy cambiará la ley que fijó una deuda del 60% en el 2020

El Gobierno asume que en el 2018 los pasivos aún rozarán el 94% del PIB

ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID

El Ministerio de Hacienda prevé modificar la ley de estabilidad presupuestaria para, entre otras cuestiones, eliminar un precepto legal que no se podrá cumplir: el de situar la deuda pública en el 60% del producto interior bruto (PIB) en el 2020.

Esta es una obligación que nació de la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada en 2011 entre el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el exlíder de la oposición, Mariano Rajoy, por imposición del Banco Central Europeo (BCE). PSOE y PP se autoimpusieron el ambicioso objetivo de lograr el 60% de deuda en el 2020 con el fin de reforzar la credibilidad de la economía española ante unos mercados financieros que habían situado a España en la diana de todos sus dardos. Ahora, una segunda recesión económica después, la Comisión Europea estima que, en el mejor de los casos, el 60% no se logrará antes del 2030.

El Ministerio de Hacienda prevé poner ya en marcha los trabajos para modificar la ley orgánica de estabilidad, en colaboración con la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF). No obstante, el Gobierno asume que difícilmente podrá culminar la reforma este año, por lo que tendría que ser retomada a principios del 2016, ya en la próxima legislatura, por parte del nuevo Ejecutivo que surja tras las elecciones generales, según fuentes oficiales.

MISIÓN IMPOSIBLE

En abril del 2012 se aprobó la ley de estabilidad para desarrollar el nuevo artículo 135 de la Constitución, ya bajo el flamante Gobierno de Rajoy. Entonces, un objetivo de deuda del 60% del PIB para el 2020 parecía al alcance de la mano. El 2011 había cerrado con un nivel del 69,2% del PIB y había mucho tiempo por delante. Después de eso, sin embargo, vino el rescate bancario y el de las autonomías, así como el plan de pago a proveedores . Y hasta mediados del 2013 no se pudo dar por enterrada la larga recesión iniciada en el 2008, de modo que en el 2014 la deuda llegó al 97,7% del PIB.

En concreto, en el 2014 la deuda de la administración central se situó en el 71,1% del PIB; la de las autonomías, en el 22,4% y la de las corporaciones locales, en el 3,6% del PIB.

Frente a esto, la ley de estabilidad, impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fija el reparto del objetivo de deuda del 60% del PIB para el 2020 de la siguiente manera: el 44% para la administración central; el 13% para cada comunidad autónoma y el 3% para las corporaciones locales. Y prohibe emitir deuda nueva a la administración que superen estos límites.

El Gobierno asume ahora sin tapujos que el objetivo del 60% que se autoimpuso cumplir en el 2020 no es posible. El propio Plan de Estabilidad remitido a Bruselas el 30 de abril estima un nivel de deuda del 93,8% del PIB para el 2018 y reducir este en 23,8 puntos de PIB en dos años (hasta el 60%) es misión que se antoja imposible.

Eso es algo de lo que la Autoridad Fiscal Independiente viene advirtiendo desde sus primeros informes, en julio pasado. En su reciente intervención en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, en abril, el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, recordó que la ley de estabilidad «abre una ventana de oportunidad en el año 2015 para ser reformada, especialmente en lo referente a las sendas transitorias hacia 2020». Y esa es la oportunidad que quiere aprovechar Hacienda.

MANDATO CONSTITUCIONAL

La ley 2 de 27 de abril del 2012 de estabilidad presupuestaria consagró los principios de déficit cero y de un tope de deuda pública del 60% del PIB. La imposición de estos objetivos de déficit y deuda y la referencia del año 2020 venían dadas por la reforma urgente del artículo 135 de la Constitución.

Pero después, la ley de estabilidad abrió dos ventanas para una posible revisión de la senda de reducción del déficit y de la deuda: una en el 2015 y otra en el 2018. Y se estableció que los límites inicialmente fijados solo podrán ser superados en circunstancias tales como catástrofe natural, situaciones de emergencia o grave recesión económica.

Cuando se debatió el proyecto de ley en el Parlamento, en abril del 2012, ninguno de los principales partidos se opuso al objetivo de alcanzar el 60% de la deuda en el 2020. Tan solo el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, pidió más tiempo para que las autonomías que partían con un nivel de deuda elevado tuvieran un plazo mayor para bajarlo al 13% del PIB, No tuvo éxito. «¿Para qué vamos a aprobar una ley que muchas comunidades no van a cumplir?», dijo entonces el diputado antes de recordar que su incumplimiento podía traer «medidas coercitivas contra el corazón del autogobierno de las comunidades».

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