Los jueces avalan la publicación de las condenas por fraude fiscal

Los vocales discrepantes destacan que puede afectar a los derechos al honor y la intimidad

El presidente del CGPJ utiliza su voto de calidad para desempatar una votación muy reñida

Cristóbal Montoro, en el centro y redeado de su equipo, el día que presentó la ley de reforma tributaria en el Congreso.

Cristóbal Montoro, en el centro y redeado de su equipo, el día que presentó la ley de reforma tributaria en el Congreso. / DAVID CASTRO

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P.A. / MADRID

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló ayer el proyecto de ley del Gobierno que permitirá hacer públicas las condenas en firme por delitos contra la Hacienda pública e incluir un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La iniciativa, largamente ambicionada por el ministro Cristóbal Montoro, provocó una reñida votación en el órgano de gobierno de los jueces que  se desempató por el voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes.

El informe del CGPJ estima que la publicación de los fallos condenatorios «sirve a un interés general», ya que tiene como objetivos «impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, e incrementar la transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas y, especialmente, de las actuaciones judiciales en ese ámbito».

Los jueces admiten, eso sí, que la publicación de la sentencia puede suponer una especie de pena adicional para el condenado, susceptible de afectar a sus derechos al honor, la intimidad y la protección de datos. Pero, añaden, «también cabe entender que esta publicidad cumple fundamentalmente una función de información y en gran medida de lucha contra el fraude fiscal, configurándose como un elemento preventivo y educativo».

También destacan que el anteproyecto de ley orgánica del Gobierno cumple tanto con el requisito constitucional de veracidad («dado que se publicarán datos extraídos de lo considerado probado en la sentencia») como el de la relevancia pública de la información (lo avala la doctrina de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional).

AÑOS DE ESPERA / Montoro prometió a finales del 2012 hacer pública una lista de grandes incumplidores con Hacienda, como ya hacen otros países de la Unión Europea, y de defraudadores. La aprobación del proyecto legal, con todo, se demoró hasta el pasado abril. La idea del Gobierno es publicar en el cuarto trimestre de este año una lista de grandes morosos con Hacienda (las personas y empresas que a 31 de julio deban más de un millón al fisco) y otra de defraudadores condenados por sentencia firme  (la que ha avalado el CGPJ).

La votación fue tan reñida que Lesmes (nombrado a propuesta del PP pero pactado con el PSOE) tuvo que usar su voto de calidad por primera vez para avalar una iniciativa del Ejecutivo. El presidente de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, le obligó a ello al votar en blanco. A favor también votaron siete vocales propuestos por el PP, una del PSOE y uno de CiU. En contra, seis propuestos del PSOE, dos del PP, uno del PNV y otro de IU.

CAMBIOS / Durante el debate, se retiró del informe sobre el proyecto del Gobierno el punto que avalaba que se puedan publicar las sentencias anteriores a la entrada en vigor de la ley. Los jueces apostaron por limitarlo a los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor.

También decidieron avisar al Ejecutivo de que su proyecto «no valora el impacto que pueda tener su aplicación a la generalidad de los supuestos a que se refiere y que resulta difícil encajar el efecto negativo que supone la publicación de las sentencias en los casos en los que se aprecie reparación del daño». Además, pidieron que se modifique la ley de protección de datos para dejar claro que se pueden publicar las condenas por fraude fiscal sin la autorización del condenado.

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Nueve de los diez vocales que se pronunciaron en contra alegaron, por su parte, que la publicación de las condenas «afecta a derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la protección de datos; además de considerar que no es un instrumento eficaz de prevención general y que supone una pena de exposición pública que no resulta conforme a los principios de proporcionalidad, reinserción y resocialización que establece la Constitución».

En cambio, el décimo -Álvaro Cuesta, propuesto por el PSOE- defendió que el texto remitido por el Gobierno «se queda corto» y que son precisas «más publicidad y más transparencia en lo relativo a la lucha contra el fraude fiscal», según una nota del CGPJ. Tanto Cuesta como los otros nueves vocales emitirán votos particulares.