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CONFLICTO JUDICIAL

Yves Rocher, sueño roto de franquicias

Casi medio centenar de exfranquiciados de la compañía de varias ciudades de España la acusan de estafa y coacciones

Un juzgado de Vilanova i la Geltrú investiga el caso

SONIA GUTIÉRREZ / BARCELONA

Invirtieron en un negocio con la perspectiva de obtener un beneficio que, no solo no se cumplió, sino que se convirtió en una deuda. Al final, acabaron cerrando y sumando esfuerzos para llevar a los tribunales a la compañía en la que confiaron: Yves Rocher. Casi medio centenar de exfranquiciadas (todas mujeres) de esta empresa de cosmética han presentado una querella contra la matriz francesa, la filial española y varios directivos de Yves Rocher, por los presuntos delitos continuados de estafa, coacciones y amenazas. También les acusan de los delitos informático y relativo al mercado, falsedad documental, apropiación indebida, usurpación de personalidad civil, maltrato psicológico y mobbing. El juzgado de instrucción número 4 de Vilanova i la Geltrú investiga el caso.

«Están arruinadas», resume el abogado que representa a las exfranquiciadas, David Perales Mateu. Las querellantes gestionaban sus establecimientos en ciudades distintas (Barcelona, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Cádiz, Elche, Cartagena... y Vilanova i la Geltrú, donde se presentó la primera denuncia) pero en todas ellas se reproduce un patrón similar, dice.

Presión insoportable

El modus operandi, afirma Perales, consiste en captar franquiciadas presentándoles un plan de negocio atractivo. Una vez estas abren la tienda, descubren que los márgenes reales son menores que los estimados y son sometidas a una presión insoportable. «Se le obliga a renovar contratos, a firmar reconocimientos de deuda, se les manipula el estoc informáticamente desde la central, se les amenaza con quitarles las tiendas en siete días, con el cobro de las deudas en 15 días», relata la querella.

«La presión, las amenazas y las coacciones llegaron al extremo de firmar cualquier papel que le pusieran delante o se lo quitaban y ejecutaban todo», afirma el testimonio de una de las querellantes. Las exfranquiciadas, siempre según su versión, pagaban los recibos de los suministros sin poder comprobar los consumos reales y debían asumir el coste de promociones y regalos. «Yves Rocher incumple infinidad de las directrices del código deontológico europeo de la franquicia aplicable en España», sostiene la querella. Entre ellas, la prohibición de imponer los precios de venta.

Según las denunciantes, la compañía las utilizó «para su expansión y enriquecimiento injusto», y hablan de un círculo vicioso en el que, una vez la empresa consigue su objetivo, busca a otra persona y empieza de nuevo.

Preguntado por este diario, un portavoz de Yves Rocher ha evitado hacer ningún tipo de declaraciones sobre el caso, más allá de mostrarse «respetuoso con el procedimiento judicial en marcha».

La querella inicial, presentada por 14 exfranquiciadas en el 2013, se ha ampliado hasta sumar más de 40 personas, y Perales cree que no son las únicas afectadas. Reclaman una fianza de 7,5 millones, si bien la indemnización final podría superar los 30 millones, según el abogado, al margen de las posibles penas de prisión (hasta seis años, en el delito de estafa).

El proceso está en fase de diligencias previas, con las declaraciones de las exfranquiciadas ante la jueza. El pasado 15 de abril, la fiscal se opuso al sobreseimiento que había solicitado Yves Rocher. La compañía también intentó que se declarara la incompetencia territorial del juzgado de Vilanova i la Geltrú, que ha sido igualmente rechazada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

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