El Govern tendrá buzón anónimo para denuncias por fraude fiscal

La Generalitat creará un sello de distinción al «buen contribuyente»

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EL PERIÓDICO / BARCELONA

La Generalitat ha aprovechado la actual coyuntura de escándalos y corrupción política para presentar un plan para prevenir y reducir el fraude fiscal en Catalunya con el que busca potenciar la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), organismo que tiene ahora 324 funcionarios y que en 2018 espera contar con unos 600, lo que supone un aumento del 85%.

El plan recoge 86 medidas, entre las que destacan el propósito del Govern de crear un buzón online para recibir denuncias de prácticas fraudulentas en materia tributaria, que podrán ser anónimas. El plan pretende potenciar la inspección y el control en sectores como el turístico, el juego, el inmobiliario o bien las subastas y también contempla campañas pedagógicas entre la ciudadanía para aumentar la recaudación voluntaria así como otorgar distintivos de buen contribuyente.

Asimismo, el Govern encargará a un equipo de personas de la administración y a un grupo de profesores universitarios que calcule el llamado tax gap o brecha fiscal, la diferencia entre los ingresos fiscales que podría obtener Catalunya y los que realmente obtiene. El plan también prevé identificar casos de deslocalizaciones fraudulentas de contribuyentes para no pagar impuestos en Catalunya o bien la creación de equipos de investigación patrimonial para descubrir patrimonios.

El plan presentado ayer abarca el período 2015-2018 y no incluye una previsión detallada de aumento de personal año a año, según explicó la directora de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), Teresa Ribas. Este organismo es el que el actual gobierno catalán espera convertir en una verdadera Hacienda catalana.

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En la misma línea, la ATC se propone que entre este año y mediados del 2016 la administración catalana pueda asumir la recaudación ejecutiva de todos los impuestos que dependen de ella -ahora la tiene delegada a la Agencia Tributaria del Estado- gracias a la colaboración de unos 300 empleados de otras administraciones catalanas, como las Diputaciones y los entes locales.

El director del programa para la aplicación y desarrollo de los tributos de Catalunya, Jordi Boixareu, subrayó que el «reducido» ámbito competencial del gobierno catalán en materia fiscal no impide que se proponga una actuación «decidida» contra el fraude. El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, precisó que este plan «no es ninguna improvisación», sino que se estaba trabajando «desde hace meses» y responde al pacto de estabilidad parlamentaria firmado con ERC.