LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL

Multinacional al desnudo

Luis de Guindos (izquierda) y el ministro británico George Osborne, tras una reunión de la OCDE contra la evasión fiscal, en Berlín el pasado 29 de octubre.

Luis de Guindos (izquierda) y el ministro británico George Osborne, tras una reunión de la OCDE contra la evasión fiscal, en Berlín el pasado 29 de octubre.

AGUSTÍ SALA / BARCELONA

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Existe la percepción de que las grandes firmas tecnológicas con presencia global, como Google o Amazon, generan mucho negocio en un territorio como el español, pero tributan muy poco. Y a la inversa, otras empresas españolas con actividad en muchos otros países podrían no estar tributando en función de su negocio real.

A partir del 1 de enero próximo, las multinacionales españolas deberán 'desnudarse' ante Hacienda y detallar las magnitudes económicas y lo que pagan de impuestos cada una de sus filiales, país por país. España es uno de los primeros que introduce esta obligación incluida en el catálogo de 15 acciones acordadas en el seno de la OCDE, que agrupa a los 34 países más industrializados del mundo. Es una forma de determinar si se desvían beneficios a jurisdicciones con una tributación más baja o nula.

REAL DECRETO

Deberán cumplir este requisito todas las compañías españolas con unas ventas superiores a los 750 millones anuales, según se incluye en el artículo 13 del borrador de real decreto del reglamento del impuesto de sociedades. En la exposición de motivos se destaca que «en el momento actual, resulta absolutamente esencial» recoger las conclusiones del plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que se elabora en el ámbito de la OCDE. En concreto se trata de  la acción número 13 relativa a la información y documentación de las entidades y operaciones vinculadas.

Las compañías deberán aportar esta información «en el Estado donde tengan su cabecera y en la medida en que este lo introduzca en su normativa interna. Está previsto que lo hagan gran número de países a lo largo de este año para que sea efectiva en el 2016», explica Montserrat Trapé, socia responsable para Catalunya, Baleares y Andorra de KPMG Abogados, además titular del área de precios de transferencia en Europa, Oriente Próximo, África y el Sur de Asia.

Sin duda, las empresas afectadas tendrán una obligación adicional que aportará muchos datos que hasta la fecha «era muy complicada de obtener» y que resultan esenciales para las autoridades fiscales, agrega Trapé. En este contexto, «puede ser muy aconsejable anticiparse haciendo una reflexión sobre si la estructura fiscal es sólida» afirma.

Joan Pons, abogado y economista del despacho LinkTax, advierte de que esta información será completamente obligatoria. «En caso contrario, la empresa podrá ser objeto de una sanción», alerta.

En esta ocasión, parece que los gobiernos van en serio. La crisis y la caída de la recaudación han impulsado este movimiento, asumido por la OCDE y el G-20, que agrupa a los países más ricos de mundo, más la Unión Europea y las economías emergentes. El compromiso adquirido incluye 15 acciones que deberían estar listas antes del próximo 31 de diciembre. La número 13 es la que asume ya España y que se prevé que incluyan la mayoría de países para que el desnudo de las multinacionales sea lo más integral posible.

El Reino Unido también se ha apresurado a incluir un nuevo gravamen del 25% bajo el epígrafe Diverted Profits Tax, destinado a las mulinacionales «que trasladan sus beneficios artificialmente a paraísos fiscales u otras jurisdicciones para eludir el pago en el Reino Unido». La nueva figura se incluye en el presupuesto del 2015 (Financial Act), que abarca del 1 de abril del 2015 al 31 de marzo del 2016.

La OCDE creó unas plantillas para la información detallada de filiales y países que es la que se aplicará. En estas se incluyen desde las operaciones vinculadas hasta los beneficios o pérdidas de la filial, los impuestos pagados o tributos devengados en el estado en el que está presente.

La información no se limita a la incluida en la documentación de los precios de transferencia (el precio al que se facturan las empresas de un mismo grupo). Así, las distintas autoridades fiscales tendrán una foto completa de las cuentas de las multinacionales para determinar la tributación exigible. Se trata de alinear al máximo la tributación y el negocio real.