El BPA quedaría fuera del sistema bancario de EEUU si hay sanción

Tras el dictamen estadounidense contra la Banca Privada d'Andorra (BPA) se enfrenta a un futuro incierto. La entidad tiene un plazo de 60 días para responder en EEUU a las acusaciones de haberse servido del sistema financiero estadounidense para blanquear dinero del «crimen organizado, la corrupción y el tráfico de seres humanos». Si no logra convencer a las autoridades federales, el banco no podrá realizar allí ningún tipo de operaciones en el futuro, una sanción que podría originar una reacción en cadena en otras naciones.

«Lo que sucedería si hay una conclusión desfavorable es que ningún banco estadounidense podría tener cuentas asociadas con la BPA», asegura Steve Hudak, portavoz de Fincen, la agencia del Tesoro dedicada a combatir el lavado de dinero y responsable del informe que ha puesto al descubierto las presuntas conexiones de la BPA con el cártel de Sinaloa, la altas esferas de la petrolera venezolana PDVSA o dirigentes de la mafia rusa y china. «Esencialmente se cortaría su acceso a nuestro sistema financiero», añade Hudak.

El informe sostiene que BPA se apoyó en una serie de cuentas asociadas a cuatro bancos estadounidenses para «procesar cientos de millones de dólares» en EEUU. También acusa a altos ejecutivos de la entidad de haber «disfrazado el origen de los fondos» tras aceptar sobornos y comisiones de «clientes criminales». «Casi inevitablemente, si el Tesoro cierra a un banco el acceso al sistema financiero estadounidense, eso genera un efecto dominó en otros países, aunque no sea de forma automática», afirma Kevin Petrasic, socio de la firma de asesoría bancaria Paul Hastings, a la que llegó con una larga experiencia en las agencias de supervisión bancaria del Tesoro.

Fincen vio aumentados sus poderes tras los atentados terroristas del 11-S y la aprobación de la Ley Patriota. Además del blanqueo de capitales, investiga la financiación del terrorismo y los crímenes financieros. En sus despachos, donde trabajan unos 350 funcionarios, se originaron las pesquisas que desembocaron en una multa de 1.900 millones de dólares para la filial estadounidense del banco británico HSBC por blanquear dinero del narcotráfico y por violar las sanciones a Irán, Libia o Sudán.

Pero en su hoja de servicios de los últimos tres lustros, solo en una ocasión más ha acusado a un banco europeo sin presencia física en EEUU - y, por tanto, no sujeto a sus leyes— de lavado de capitales. Lo hizo con el Multibanka lituano hace una década, pero en 2006, tras la sanción inicial, volvió a permitirle el acceso al sistema financiero estadounidense después de que la entidad revisara sus procedimientos, reforzara sus controles internos, se sometiera a auditorías y cambiara a sus gestores. De modo que aunque acabe sancionando al banco andorrano, no necesariamente supondría su exclusión definitiva del sistema financiero, el equivalente a una sentencia de muerte.