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QUIEBRA DE UNA AEROLÍNEA

La fiscalía exige más condena para la cúpula de Spanair por la quiebra

La acusación impugna la sentencia del juzgado y reclama que los consejeros paguen 47 millones

Insiste en que se ratifique la negligencia y la inhabilitación de los exdirectivos de la compañía

J. G. ALBALAT / BARCELONA

La fiscala de Barcelona Raquel Amado ha impugnado la sentencia por la que se condenaba a la cúpula de  Spanair, encabezada por el exvicepresidente del Barça Ferran Soriano, a pagar 10.801.716 euros y a dos años de inhabilitación al haber declarado culpable el concurso de acreedores de la compañía. La fiscalía, que se opone a los recursos de los abogados defensores que abogan por la inocencia de sus clientes, sostiene, como ya hizo en el juicio, que 11 exdirectivos de la aerolínea deben desembolsar 47.184.107 euros. La acusación solo pide la revocación de la sentencia en este aspecto, a la vez que reclama que se confirme la inhabilitación de los exejecutivos.

Spanair presentó concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, el 30 de enero del 2012 con una deuda reconocida de 508 millones de euros y unos activos valorados en 53 millones de euros. La fiscalía acusó en el juicio al consejo de administración de la empresa de negligencia por retrasar la presentación del concurso a sabiendas de que la empresa se encontraba en situación de insolvencia grave mucho antes de la quiebra.  Concretamente, la fiscalía fijó este retraso en cinco meses y solicitó por ello el pago de 47 millones de euros para compensar el agravamiento de la deuda, así como la inhabilitación de todo el consejo de administración.

El juez, sin embargo, argumentó en su sentencia que el retraso no fue de cinco meses, sino de un mes, y lo situó entre el 31 de diciembre del 2011 y el 30 de enero del 2012. Es en este periodo, según el magistrado, en el que se manifestaron «dudas e incertidumbres graves» por parte de Qatar Airways (posible socio industrial), momento en el que se pusieron en cuestión por parte de Bruselas los fondos aportados por la Generalitat. El 31 de diciembre del 2011 venció el acuerdo de exclusividad con Qatar y apareció en escena la aerolínea HNA, que tampoco entró en el capital de Spanair. La Generalitat inyectó todavía 10 millones más (4 de enero del 2011).

ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

La fiscala rebate en el escrito presentado ahora en el juzgado los argumentos de la defensa, que pretende la absolución de los exdirectivos, a la vez que reclama que se les aumente la condena económica. Insiste en los 47 millones de euros. La acusación pública incide que esta cuantificación parte de las pérdidas de explotación acumuladas desde septiembre del 2011 hasta finales de enero del 2012, las cuales ascendieron a 82 millones de euros, y descontando de las mismas los préstamos concedidos con posterioridad por Avança (25 millones), propiedad de la Generalitat, y por Fira de Barcelona (10 millones).

LAS PÉRDIDAS

La fiscalía no está de acuerdo en que el juez no haya tenido en cuenta para valorar la condena pecuniaria las pérdidas de explotación, sino el incremento del pasivo vencido, exigible e impagado. La segunda discrepancia se ciñe en que el periodo que la sentencia consideró relevante a efectos de justificar la condena no es el que abarca los cinco meses de retraso en la presentación del concurso, como la fiscalía entiende, sino únicamente un mes, los días comprendidos entre el 31 del diciembre del 2011 (venció el acuerdo de exclusividad con Qatar Airways)  y el  30 de enero del 2012 (fecha en que la compañía. Al final, presentó el concurso)

La fiscala considera que para determinar el agravamiento de la insolvencia por demora en la solicitud del concurso es «más adecuado y riguroso» atender a las pérdidas de explotación, por cuanto la diferencia entre los mayores gastos y los menores ingresos de la aerolínea en dicho periodo es un «indicador indubitativo» del «empeoramiento» de la situación.

La acusación destaca que las negociaciones con Qatar Airways se formalizaron cuando Spanair ya estaba en situación de «incumplimiento» por no solicitar el concurso en el plazo legal. Las negociaciones, agrega, «adolecieron de inconcreción», puesto que la aerolínea catarí no firmó documento alguno en el que asumiese un compromiso financiero».

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