La justicia reabre la investigación por el trato de favor a la 'lista Falciani'

Caso reabierto. La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la investigación a dos exreponsables de la Agencia Tributaria en el 2010 que facilitaron la regularización de los titulares de la denomianda 'lista Falciani'. La sección número uno de la Audiencia Provincial de Madrid cuestiona de esta forma el uso que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo de estos datos obtenidos por el antiguo informático de la filial suiza del HSBC.

En un auto, el tribunal emplaza al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid a admitir la querella presentada por el Sindicato de Técnicos de Economía y Hacienda (Gestha) contra la exdirectora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, María Dolores Bustamante; y contra el exdirector del Departamento de Inspección, Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo "por un supuesto delito de prevaricación administrativa".

A la vez inadmite la denuncia contra el director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, por no encontrar indicios contra él. El sindicato denunciaba que cuando Hacienda conoció que "destacadas personas" tenían cuentas con elevados fondos en el HSBC de Suiza a raíz de que su extrabajador Hervè Falciani proporcionara sus nombres a las autoridades francesas, optó por enviarles un requerimiento para que en 10 días presentasen declaraciones complementarias por el IRPF y, en su caso, por el impuesto de patrimonio.

Con este proceder, bajo el mandato de Elena Salgado como visepresidenta económica, permitió que sus posibles delitos fiscales no pudieran ser castigados abriendo el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación conforme a las pautas de actuación habitual de la Agencia Tributaria. La fórmula común es inspeccionar al afectado y si se entiende que existen indicios de delito, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de la autoridad judicial.

El juzgado al que la Audiencia ha ordenado estimar parcialmente la denuncia de Gestha decidió archivarla en agosto del 2013. En su resolución sostenía que debe existir una "resolución administrativa" para apreciar un delito de prevaricación, y la comunicación que enviaron Cervantes y Bustamante para informar a los delegados regionales de cómo proceder con los evasores no cumplía ese requisito.

La Audiencia cree, por el contrario, que sí lo cumple porque esa comunicación fue "un acto administrativo que supone una declaración de voluntad de contenido decisorio y que afecta a los derechos de los administrados o a la colectividad en general".