Divide y vencerás

Imagino que una ley debería ser capaz de impulsar determinados cambios sociales. Desearía, además, que los responsables políticos encargados de su ejecución, rindieran cuentas regularmente sobre su impacto y que, a partir de ahí, supieran redefinir los objetivos propuestos de mejora, también sujetos a evaluación.

Hace unos días, reflexionaba con expertos en materia de discriminación de sexos en qué medida la ley de igualdad del 2007 ha mejorado la situación laboral de las mujeres y cuáles son las razones por las que, por ejemplo, la ley del tabaco o la de seguridad vial han obtenido mejores resultados. Un ejemplo: desde la entrada en vigor de la citada ley de igualdad, la tasa de actividad de las mujeres ha caído un 40,9% respecto el 2002-2007 y la de paro se ha disparado 13'92 puntos.

Nadie pensaba, cuando se promulgó la ley, que nos caería encima la crisis, lo que puede explicar que algunas de las medidas estrella que preveía, como el plan de igualdad, no hayan mejorado sustancialmente los parámetros básicos de empleo femenino. Pero si comparamos los datos con los relativos a los hombres, vemos que la tasa de actividad femenina ha bajado.

Aunque en términos absolutos los hombres han tenido mayor pérdida de empleo, el flujo desde el desempleo al empleo para las mujeres es el doble de lento. Y pese a que la población inactiva femenina ha descendido y presenta mejor evolución hacia el empleo que en el caso de los hombres, la razón básica de inactividad no pensionada es el cuidado de familiares. En este parámetro las mujeres quedan atrapadas en un 90'4% de los casos.

Y qué decir de la brecha salarial, que se mantiene en torno al 30%. O la brecha en las pensiones, que ronda el 40% y que provoca que el 60% de las pensionistas cobren entre 600 y 650 euros al mes, mientras que el 46% de los pensionistas varones cobran más de 1.000 euros mensuales. Y más precisión: el 51'6% de pensionistas varones cobran entre 1.600 y 2.500 euros al mes. Unas diferencias que se agravarán con la reforma de las pensiones.

Los resultados, por lo tanto, merecen crítica.

La primera: es un despropósito que el grueso de medidas contra la discriminación solo sea exigible a empresas de más de 250 trabajadores. Equivale a decir que la igualdad solo se va a aplicar a un selecto club de empresas del país.

La segunda, contundente: faltan mecanismos que garanticen que buena parte de los hombres hagan lo que la ley les exige: cuidar de sus familiares, algo que ni social ni jurídicamente es lo mismo que atenderlos patrimonialmente.

La tercera: la ley se confunde en su relato, en el que se mezcla la protección de la salud vinculada al embarazo, al puerperio [periodo necesario para que la mujer recupere  su condición pregestacional] y la protección por el ejercicio de los derechos y deberes de cuidado. El enfoque normativo es erróneo, convierte a las mujeres en sujeto necesitado.

La igualdad se fracciona y sutilmente confronta a sus beneficiarios (mujeres, jóvenes, mayores, personas con discapacidad). Marina Garcés lo llama «el triunfo de la primera persona llevada al plural», Standing, el precariado. Total, un fracaso para un modelo social integrador.