Crítica al Govern y a la gestión privada en el 'caso Spanair'

La primera sesión de la comisión de investigación sobre la crisis de la aerolínea catalana Spanair en enero del 2012 sirvió para conocer el marco económico y político que propició la quiebra y cierre de la compañía.

Los datos los aportaron dos académicos expertos en el sector, el catedrático de Economía Germà Bel, y el profesor Xavier Fageda, ambos de la UB y coautores de un texto de referencia, Aeroports i poder, aparecido en el 2007, que anticipaba la reordenación del sector aéreo en España.

Su comparecencia ante la comisión propuesta por Ciutadans y presidida por su diputado Matías Alonso, que duró casi dos horas, se convirtió en un encadenado de preguntas sobre la responsabilidad pública y privada que llevó a la quiebra a Spanair tras un corto período de gestión conjunta del tripartito presidido por José Montilla, la Cámara de Comercio y Turisme de Barcelona, representados por el hotelero Joan Gaspar -impulsor personal del proyecto-, y algunos empresarios, socios y simpatizantes del colectivo Femcat, que avalaron que la presidencia de la nueva compañía la ejerciera el exvicepresidente del Barça Ferran Soriano.

DESPILFARRO

Fageda fue contundente en su valoración de la compra de la compañía con el aval de la Generalitat: «No era necesario hacer un estudio. Era de sentido común que aquello era despilfarrar recursos públicos». También reprochó que la marca Spanair estaba sentenciada desde el accidente en Barajas de agosto del 2008. En el sentido estratégico, que la aerolínea no supiera encontrar el socio necesario por su pertenencia a Star Alliance era indicio suficiente de su mala gestión.

Bel propuso enmarcar también el fracaso en el contexto de la política para el sector del gobierno español, entonces presidido por Rodríguez Zapatero. La tesis dominante era favorecer el centralismo del gestor público Aena y a la compañía privatizada de referencia, Iberia. En este sentido Bel aseguró que fue ilegal que Iberia se hiciera con los slots (derechos preferentes de uso de las instalaciones) de Vueling, «porque Iberia no poseía el 51% de la compañía de bajo coste». «Esto no se denuncia porque, a diferencia de otros países, quien denuncia al gestor de un aeropuerto se enfrenta al gestor de todos», ha añadido Bel para poner en sobreaviso de lo que se debate.

Según los dos comparecientes, si a ello se suma la política comercial agresiva de la otra compañía de bajo coste, Ryanair, la desaparición de Spanair del aeropuerto de el Prat era inevitable. Fageda remachó: «Como inversor privado yo nunca aconsejaría invertir en aerolíneas».