EFECTOS DE LA REFORMA DEL GOBIERNO

Las pensiones bajarían el 1,28% con el índice de revalorización

Un grupo de expertos prevé la subida mínima del 0,25% hasta el 2020

Personas mayores se relajan en un parque.

Personas mayores se relajan en un parque. / REUTERS / CHARLES PLATIAU

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ANTONI FUENTES / BARCELONA

La reforma del sistema de pensiones aprobada por el Gobierno comienza a hacer visibles sus efectos sobre los pensionistas futuros y los actuales. El Gobierno ha optado por subir las pagas de los pensionistas en el 2015 el 0,25%, el mínimo previsto en la reforma, con el argumento de que el déficit del sistema impide a la Seguridad Social ser más generosa. Sin embargo, el Ejecutivo no ha concretado el resultado del nuevo índice de revalorización de pensiones (IRP) y se ha limitado a indicar que estaba por debajo de la cláusula suelo de un incremento mínimo garantizado del 0,25%. Un reciente estudio de uno de los expertos que asesoró al Ministerio de Empleo da como resultado que las pensiones tendrían que haber bajado el 1,28% para corregir el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social.

El grupo de investigación en pensiones y protección social de la Universidad de Valencia, dirigido por Enrique Devesa -uno de los expertos que asesoraron al Gobierno en la reforma de las pensiones-, ha desvelado el efecto que tendría la aplicación del nuevo índice de revalorización, una fórmula muy criticada por los sindicatos y los partidos de izquierda al considerar que obliga a los pensionistas a asumir los desequilibrios de la Seguridad Social y los podía condenar a la pérdida de poder adquisitivo durante años.

DATO OCULTO

«Sorprendentemente, ni el Ministerio de Empleo ni la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) han publicado este resultado, limitándose a anunciar que está por debajo del mínimo establecido en la ley y siendo aplicable, por tanto, dicho mínimo (0,25%)», indican los investigadores en un estudio reciente.

La fórmula del IRP tiene en cuenta el crecimiento de los ingresos, de las pensiones, el efecto sustitución (relevo de pagas viejas por nuevas) y la corrección del déficit. La combinación de todos esos factores da como resultado la necesidad de rebajar las pensiones un 1,28% en el 2015.

Los expertos constatan que la aplicación de la fórmula sufre un problema metodológico debido al cálculo de los gastos e ingresos futuros del sistema de pensiones, unos de los factores más polémicos que intervienen en la misma y que depende también de la propia revalorización de las prestaciones. Para el 2015, los investigadores han calculado el IRP con las previsiones oficiales de un aumento de los ingresos del 6,93% y de los gastos del 4,10%, así como un aumento de pensionistas de 9,2 millones a casi 9,4.

El trabajo de Enrique Devesa también analiza las prospecciones de ingresos y gastos hasta el 2020 y su influencia en el índice de revalorización de esos ejercicios. La conclusión es que, «en cualquier caso, el resultado final no alcanzaría la revalorización mínima del 0,25%» durante lo que queda de década con una horquilla que va del -072% al +0,16%, lo que obligaría a activar la cláusula suelo y condenaría a los pensionistas al incremento mínimo del 0,25% durante cinco años. Solo con una hipótesis más optimista de ingresos y gastos, que los autores ven poco realista, permitiría aplicar subidas de más del 0,25% a partir del 2018.

LA FÓRMULA

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En el cálculo del índice tiene un peso relevante el saldo negativo del -0,55% del 2010 al 2020 por la diferencia entre el crecimiento de ingresos estimado (2,47%) y la suma del incremento de beneficiarios de prestaciones (1,38%) y el aumento del gasto por el efecto sustitución (1,64%). Además, el déficit estructural da como resultado una corrección del -0,73% en la que, según los expertos, «indudablemente la situación de partida, con un déficit superior al 1% del PIB en las cuentas de la Seguridad Social como consecuencia de la crisis económica, es un factor de peso en el resultado.

A la vista de estas conclusiones, Devesa y su equipo advierten de que la única vía para que las pensiones suban más del 0,25% en los próximos años obligaría al Ejecutivo a «aportar recursos adicionales al sistema o desviar gastos contributivos a la parte no contributiva», aunque en cualquier caso «debería financiarse con mayor presión fiscal» con  cotizaciones o impuestos.

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