Tribunales privados para litigios entre empresas y estados

Se llama ISDS (Investitor-state dispute settlement) y es la cláusula más controvertida del TTIP. Establece que las multinacionales pueden denunciar a los gobiernos cuando desarrollen políticas contrarias a sus intereses. Estos procesos serían juzgados por tribunales de arbitraje privados al margen de la justicia de los distintos países. Francia y Alemania han declarado que no firmarán el TTIP si se ratifica la cláusula ISDS porque consideran que constituye una pérdida de soberanía que socavaría sus leyes nacionales. Expertos favorables afirman que se trata de una manera de resolver conflictos económicos que ya está en vigor. «Creo que se ha exagerado el problema», declara Francesc Granell, catedrático de Derecho y Economía Internacional de la UB. «Hoy día ya hay protecciones de inversiones fuera de la justicia de los estados, de hecho la cámara de comercio internacional ya tiene un tribunal de arbitraje donde el estado y la multinacional pueden redimir los problemas pendientes».

 Hay varios casos en que las multinacionales se han enfrentado a los estados en tribunales de arbitraje. España fue escenario de la disputa con la empresa Barcelona Traction, financiada por inversores de Bélgica. Frente a las dificultades de operar en España, los accionistas demandaron al Gobierno en un tribunal internacional, pero perdieron la causa. Otro final tuvo la disputa de la empresa sueca Vattenfall en Alemania, que demandó dos veces al Gobierno germano: la primera para pedir indemnizaciones por restricciones ambientales y la segunda después del apagón nuclear decretado tras la catástrofe de Fukushima, que hizo perder ganancias a Vattenfall.