Los banqueros admiten que el Gobierno del PSOE les presionó

En las semanas previas a la salida a bolsa de Bankia en julio del 2011, los principales bancos españoles y también otras grandes empresas aseguraban cuando los micrófonos estaban apagados que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les había transmitido que debían apoyar la operación porque era una «cuestión de Estado». Una afirmación que volvió ayer al primer plano bajo otra luz, tras el reciente informe de los peritos de la Audiencia Nacional que aseguró que la entidad comenzó a cotizar con unas cuentas que no reflejaban su situación real.

Diversas fuentes del sector reiteraron ayer que recibieron presiones. «Nos llegó a llamar directamente (la vicepresidenta económica) Elena Salgado», apuntaron en una gran entidad. En otra afirmaron que también hubo llamadas del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y que el Gobierno llegó a mediar para que los altos directivos del sector recibiesen a Rodrigo Rato, presidente de Bankia, para concretar su apoyo a la operación.

«Tuvimos muchas presiones pero a los pocos días todos habíamos vendido las acciones, algunos con pequeñas plusvalías. El problema fue para los pequeños accionistas que quedaron atrapados por el empeño del Gobierno en la salida a bolsa», añadió otro alto directivo.

ATAQUE POLÍTICO

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se refirió a esta situación para lavarse las manos sobre las posibles responsabilidades del PP y el actual Gobierno en la debacle de Bankia. «La salida a Bolsa fue una decisión política. Se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado, en la que su Gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado», espetó al diputado del PSOE Juan Moscoso en la sesión de control al Gobierno, recordando la normativa de capital de Salgado que forzó el debut del banco en el mercado.

El socialista había afeado al Ejecutivo que se negase en mayo del 2012 a abrir una comisión de investigación sobre Bankia que, recordó, fue creada por Caja Madrid y Bancaja, «entidades gestionadas durante muchos años por dirigentes muy próximos al Partido Popular».

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Guindos contraatacó: «Por mucho que la dirección de Bankia se hubiera empeñado en salir a Bolsa, esta operación nunca se hubiera producido sin el visto bueno del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si usted quiere transparencia e investigación empiece por preguntar al Gobierno anterior y a los entonces responsables del Banco de España y de la CNMV; todos ellos nombrados por el Gobierno socialista». El mensaje sorprendió al sector por su dureza y por apuntar a los principales organismos supervisores del país.

Precisamente, un ejecutivo de un banco destacaba que el problema de las cuentas de Bankia pudo deberse a un error en la regulación, además de a los gestores de la entidad. «En España no existe el concepto de pérdida esperada (para reconocer el deterioro de los activos), sino un calendario para hacer provisiones. Hubo un momento en que la pérdida esperada era mucho mayor que la reconocida por el calendario, y por eso el Gobierno aprobó los dos decretos Guindos, para reconocer el deterioro de los activos contablemente, con provisiones», aseguró.