El gasto social seguirá en Catalunya al mismo nivel que hace una década

Aunque 71,2 de cada 100 euros del presupuesto de la Generalitat para el 2105 se destinarán a gasto social, como en el 2014, lo cierto es que la suma destinada a esa partida será, en términos constantes (una vez corregida la inflación), la misma que hace una década. Los 15.014 millones que se dedicarán a sanidad, educación, bienestar social y la renta mínima de inserción equivalen a los que se destinaron a esas partidas en el 2005. Y lo mismo sucede con los 2.033 euros por habitante por estos conceptos.

Ese es uno de los argumentos del Govern para evitar recortes como los aplicados desde el 2010 y que no se recuperarán o subidas de impuestos; y para fiar las cuentas del próximo ejercicio al incierto resultado de unas negociaciones con el Gobierno central, con el que las relaciones están prácticamente rotas. Además también están en el aire los posibles apoyos parlamentarios ante la posibilidad de un adelanto electoral.

En todo caso, alrededor del 11% del proyecto de ley del presupuesto para el año que viene, entregado ayer por el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell en el Parlament, depende del resultado de ese diálogo en el que se reclamarán deudas que, al entender del Govern, el Estado tiene con Catalunya y que hasta ahora no se han cobrado. Fuentes de Hacienda emplazaron su respuesta al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que esperan plantear nuevos sistemas para evitar la asfixia de las autonomías, informa Rosa María Sánchez.

Se trata de 2.500 millones en los que se incluyen 789 por el adelanto del fondo de competitividad, que «Valencia también incluye en sus cuentas»; 759  por los incumplimientos de la disposición adicional tercera del Estatut sobre inversión del Estado; y 635 de compensación por el impuesto a los depósitos bancarios, recurrido por el Gobierno ante el Constitucional tras crear su gravamen propio. También se esperan unos 100 millones en ventas de inmuebles (este año se han conseguido unos 300 de los 864 que preveían) y otros 217 por concesiones y privatizaciones (en lo que va de año no ha logrado ni un euro de los 1.430 millones que esperaba para el 2014).

RESPETAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS / Mas-Colell se mostró convencido de que el Estado no hará oídos sordos a sus peticiones. «Hay razones para pensar que el Gobierno central tiene voluntad de respetar los servicios públicos de los ciudadanos de Catalunya», afirmó. Y reiteró que el Govern no puede aplicar más recortes para evitar poner en riesgo el Estado del bienestar. Rajoy dijo en Barcelona el sábado pasado que esto estaba garantizado y eso solo puede solventarse «por la vía presupuestaria», no a través del fondo de liquidez autonómica (FLA), que «no puede ser la manera permanente de resolver la financiación», sentenció Mas-Colell.

Solo con ese acuerdo, la Administración catalana podrá cubrir los 22.481 millones de euros en gastos no financieros que tiene previstos y que suponen el 1,7% más que en el 2014, en términos SEC (el que se tiene en cuenta para contabilizar el déficit). El alza corresponde esencialmente a la recuperación de la paga extra que los empleados públicos catalanes no cobran desde hace tres años y de la jornada y la retribución de los interinos y que se pagará «por justicia». El coste de la paga son 581 millones y el de lo segundo, 26 millones. Los altos cargos también la recuperarán «porque trabajan mucho», pero los consellers renunciaron voluntariamente a la misma, dijo.

DÉFICIT / Los ingresos de los que dispondrá la Administración catalana serán de 19.981 millones. Teniendo en cuenta que incluyen el déficit autorizado (1.440 millones o el 0,7% del PIB) faltan todavía 2.500 millones que deberán obtenerse mediante la negociación. El déficit a cumplir asciende a 1.440 millones, equivalente al 0,7% del PIB. Mas-Colell dijo que seguirán reclamando una asignación del desfase de las cuentas  «más justa». Si se aplicaran los términos establecidos por la ley de estabilidad presupuestaria, el límite para el 2015 podría ser de más del doble, hasta el 1,62%. La Generalitat reclamó esos objetivos a través de un recurso contencioso administrativo.

Mas-Colell no aclaró cómo se resolverá el desvío del déficit del 2014, que debe ser del 1% del PIB y en septiembre ya alcanzaba el 1,53%. «Eso lo veremos a final de este mes o a principios del año que viene», dijo. La deuda total ascenderá el año que viene hasta los 67.192 millones, con lo que supondrá el 32,7% del PIB, frente al 32,5% del año anterior.

La Generalitat gestionará un total de 27.317 millones, lo que supone un aumento del 4,2%, si se incluyen el conjunto de organismos y empresas públicas.