Hacienda retendrá dinero a la Administración que sea morosa

el Gobierno podrá retener recursos de la financiación de los ayuntamientos y autonomías si estas no pagan a sus proveedores en los plazos previstos. A partir de octubre se publicará la información sobre periodos medios de pago de las administraciones, según un real decreto aprobado ayer por el Ejecutivo, que desarrolla la ley de estabilidad.

El texto regula el procedimiento por el que todas las administraciones deberán hacer públicos esos datos y que permitirá al Ministerio de Hacienda asumirlos si están por encima del periodo establecido y después descontárselo a las comunidades y los ayuntamientos de su financiación. Las facturas que entran en el cálculo serán las expedidas después de enero de este año.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, destacó que este procedimiento va en la línea de «transparencia» en la que trabaja el Gobierno. «Erradicar la morosidad es un gran objetivo del Gobierno y del país porque es clave para superar la crisis», reconoció.

CLAVES HOMOGÉNEAS / Montoro explicó que el sistema permitirá «con claves homogéneas» conocer si efectivamente todas las administraciones reducen sus plazos hasta llegar a los límites establecidos legalmente, un objetivo que, a su entender, está «al alcance de la mano».

En caso de que comunidades o ayuntamientos no cumplan con esta disposición, el real decreto permite al Ministerio de Hacienda intervenir «en su parte correspondiente del sistema de financiación autonómica o local para garantizar que los proveedores están cobrando en su tiempo».

«En el caso de que una comunidad autónoma o Administración local tenga dificultades y no cumpla con los compromisos establecidos en la ley, el ministerio podrá pagar esas facturas y se lo restará de la financiación correspondiente», explicó Montoro.

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Según el ministerio, el periodo medio de pagos de la Administración General del Estado en el primer trimestre del 2014 fue de 26,8 días, frente a los 41,7 días del primer trimestre del 2012.

Fuentes de la Conselleria d'Economia de la Generalitat enmarcaron estas medidas del Ejecutivo central en el proceso de «recentralización» que lleva a cabo el Gobierno en los Consejos de Ministros con distintas normas y leyes.