El 'boom' del consumo colaborativo pone en jaque las leyes europeas

La tecnología está cambiando el mundo: desde la manera como se relacionan y comunican los humanos a los  negocios. Mientras, el intercambio y la compartición de bienes ha existido desde tiempos inmemoriales. ¿Qué pasa cuando se juntan ambos conceptos? Que nuevos servicios como Uber, que pone en contacto a usuarios y conductores particulares, ponen patas arriba sectores tradicionales como el del taxi. Según los expertos, el boom de la economía colaborativa no solo pone en jaque muchas leyes elaboradas hace décadas, sino que ha venido para quedarse: la irrupción de nuevas propuestas será constante debido a que son una respuesta real a las demandas de los consumidores. Nuevas prácticas para nuevos tiempos que obligarán a las autoridades a reaccionar.

En la actualidad es Uber, pero el mismo debate se tuvo con la irrupción hace pocos años de Airbnb (alquiler de estancias de pisos particulares a turistas a través de una web) Ebay (compraventa de objetos donde puede existir claro ánimo de lucro) y Napster (intercambio de música). Hubo quejas, dudas de legalidad y oposición. Pero con el paso del tiempo la situación se estabilizó y estos pasan a formar parte del ecosistema con versiones más o menos adaptadas, porque los consumidores los usan. «Hace muchos años que existe, solo hay que recordar el coachsurfing. Cuando surge un nuevo modelo, al principio el sector lo suele ignorar porque piensa que son cuatro gatos. Después, cuando explota, tienden a rechazarlo y a intentar prohibirlo. Al final, acostumbra a estandarizarse», explica Albert Cañigueral, que es  fundador de

consumocolaborativo.com. «Es un tema incipiente, pero que está yendo e irá a más», afirma el profesor de IESE Julián Villanueva.

MULTITUD DE EJEMPLOS / Compartir un trayecto de coche (Blablacar), alquiler de vehículos entre personas (Socialcar), estacionamiento (YesWePark), intercambio de casas (Knok), experiencias turísticas (Trip4Real), cuidado de mascotas (Bibulu), comer en casa de lugareños (Socialeaters), nueva vida para libros viejos (Bookmoch), compartir la red wifi (FON)... Las propuestas son múltiples, de todos los sectores y para todos los públicos. «La gente se piensa que son servicios para gente con pocos recursos... Y es un gran error, porque es todo lo contrario», advierte Enrique Dans, profesor del IE Business School. «Es un fenómeno que se ha potenciado muchísimo gracias a la tecnología. Esta evoluciona muy rápido y, como cada vez los usuarios están más conectados, más valor tienen estos productos en contra de los tradicionales, que muchas veces se están estancados en el tiempo», dice Franc Carreras, profesor de Esade.

El problema está, según los expertos, en la línea que separa los productos que cubren necesidades sociales sin enfoque comercial y cuando hay ánimo de lucro. «Es entonces cuando pueden surgir los problemas», avisa Bernardo Hernández Bataller, encargado de elaborar el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (órgano auxiliar de la UE) sobre consumo colaborativo. «Es un fenómeno que no se puede negar, que afecta a todos los sectores, y donde claramente se ve que las leyes van por detrás del ingenio», explica Hernández Bataller. «Las iniciativas sin ánimo de lucro creemos que no se deben regular. Sin embargo, en el caso que haya beneficio económico, debe haber leyes para proteger a los consumidores y que se cumplan los temas fiscales», agrega.

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Pero si la tecnología avanza a ritmo diabólico, las leyes permanecen, en muchos casos, a épocas donde internet era un lujo y las apps no se habían ni inventado. En el caso de Uber, Fomento ha anunciado que podría multar con hasta 600 euros a los a usuarios de coches compartidos que operen sin licencia -así lo establece la ley de ordenación de los transportes terrestres-. Sin embargo, en el caso de Airbnb hay un vacío legal: la ley no habla de la propiedad privada como uso turístico. «Todas nuestras transacciones se hacen a través de la banca on line, por lo que están registradas y no hay pagos en efectivo. Además, explicamos a los usuarios cómo deben declarar sus ingresos», afirman fuentes de la firma.

SOLUCIÓN / Mientras los textos no se adaptan y no se definen los límites de estas prácticas, los expertos coinciden: lo peor que pueden hacer los sectores afectados es ir en contra de la tecnología. «Los afectados deben estar al tanto de cuando surgen nuevas propuestas, estudiar en qué son diferentes. Probarlas, analizar por qué la gente quiere usarlas, y luego incorporar las cosas buenas, también la tecnología», concluye Dans.