Profesionales del 'boli'

Notarios, jueces o médicos están entre quienes preferían hacer la declaración con un bolígrafo. Ni viejecitos desvalidos, ni gente sin recursos. La base imponible del colectivo se situó la pasada campaña un 28% por encima de la media, según los datos estadísticos de la Agencia Tributaria.

La campaña de la renta 2013 es  la primera en la que no se pueden entregar los impresos rellenados a mano. La medida afecta a 35.000 contribuyentes. Despachos de asesores fiscales consultados aseguran que entre quienes optaban por esta forma de hacer la declaración destacan «básicamente profesionales, desde notarios a jueces».

En muchos casos es porque no se fían del popular programa Padre y «prefieren echar mano de la calculadora y paso a paso rellenar los impresos a mano», afirman. Eran un tipo de liquidaciones «más susceptibles a los errores, a las comprobaciones y más afectadas por complementarias», según fuentes del fisco.

El ponente de la Comisión Económica del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, Jordi Altayó, recuerda que Hacienda incluyó la prohibición de presentar las declaraciones a mano en la orden ministerial sobre los impresos. «Pero no lo dice explícitamente, sino que se refiere a las correcciones a bolígrafo en papel preimpreso». En todo caso, a su entender, si esto afecta solo a unos 35.000 contribuyentes sobre 19 millones «no parecen tantas». El argumento es evitar errores, pero «la cuestión es si se quieren evitar los de los contribuyentes o los de los funcionarios. Y ¿por qué uno no puede presentarla como quiera?», se pregunta Altayó.

No es de extrañar que la litigiosidad en el sistema fiscal sea de un nivel «prácticamente único» a escala internacional, según el catedrático de Derecho Financiero y Tributario y asesor del colegio de gestores Luis Manuel Alonso, que ha dirigido el informe Propuestas para reducir la litigiosidad fiscal en España a la vista del derecho comparado.

Los gestores creen que habría que reducir la litigiosidad. En el 2012 se presentaron 223.000 reclamaciones económico-administrativas, que son 100.000 más que antes de estallar la crisis. Y en el 40% de los casos ganó el contribuyente. Eso se traduce en una deuda liquidada pero no cobrada por las impugnaciones de 25.000 millones. Los gestores abogan por potenciar los mecanismos prejudiciales como en otros países que también optan por las autoliquidaciones de los contribuyentes. En Italia, desde el año pasado, es obligatorio acudir a la mediación en los pleitos que no superen los 20.000 euros. «Eso incluiría el 90% de los casos en España», según Alonso.