fracaso europeo en la lucha contra la especulación
La tasa financiera queda limitada y se aplaza al menos hasta el 2016
España y los otros 10 países reducen el alcance y efectividad del tributo al mínimo
La tasa sobre las transacciones financieras ha sido retrasada al menos un año, hasta el 2016, y su ámbito de aplicación quedará reducido a la mínima fracción: solo las acciones y algunos productos financieros derivados basados en acciones, según el pacto logrado ayer por España y los otros 10 países de la UE que apoyan el proyecto tras más de un año de infructuosas negociaciones.
La mayoría de los productos financieros derivados, los bonos privados y los otros instrumentos financieros quedarán excluidos de momento.
La enorme presión de la banca y de los operadores financieros y bursátiles sobre los gobiernos europeos contra el nuevo tributo ha logrado que el proyecto haya quedado reducido a la mínima expresión, lejos del objetivo inicial de que el sector financiero contribuyera al saneamiento presupuestario de los estados. La especulación descontrolada y los abusos del sector bancario han costado más de 1,6 billones de euros a los ciudadanos de la UE en ayudas públicas desde el 2008, según la Comisión Europea. La cifra equivale a 1,6 veces el producto interior bruto (PIB) anual de España.
DECLARACIÓN MUY VAGA / El compromiso adoptado de seguir adelante con la tasa es extremadamente vago y se limita a una mera declaración electoralista ante los comicios europeos del día 25. La declaración solo indica que la tasa empezará a aplicarse el 1 de enero del 2016, que se aplicará de forma escalonada y que solo se gravarán inicialmente las acciones y algún producto financiero derivado.
La declaración precisa que antes de aplicar la tasa a otros productos financieros se estudiará su impacto. El compromiso no incluye ningún detalle sobre el tipo de gravamen que se aplicará, ni ninguna precisión. El proyecto de la CE proponía un gravamen del 0,1% del valor de las transacciones de los productos financieros, excepto para los derivados, que era del 0,01%. La reducción del ámbito de aplicación recortará la recaudación prevista de 35.000 millones anuales a unos 3.000 para el conjunto de los 11 países.
El proyecto de creación de la tasa está apoyado por España, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia y Grecia. No obstante, la declaración no fue suscrita por Eslovenia, ya que el Gobierno ha dimitido. Los 11 prometieron que tendrán «en cuenta las preocupaciones» de los 17 países de la UE que no participan y que acusan a los primeros de actuar con «falta de transparencia» y «secretismo».
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