El Gobierno negocia con Panamá para desbloquear la obra del canal

El Gobierno ha decidido implicarse a fondo en la resolución del conflicto abierto en Panamá tras el anuncio por parte del consorcio liderado por Sacyr de su intención de paralizar la obra de ampliación del canal el próximo 20 de enero. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha optado por viajar al país centroamericano acompañada por el presidente de la constructora, Manuel Manrique, para tratar de solucionar el enfrentamiento cuanto antes.

Así lo anunció ayer el presidente panameño, Ricardo Martinelli, tras mantener una reunión «amistosa» con el embajador de España en el país, Jesús Silva, y el encargado de negocios de la embajada italiana, Massimo Tudini. En un tono más conciliador que en la víspera (en la que «exigió» a los dos países europeos una solución debido a su «responsabilidad moral» en la pugna), el mandatario americano aseguró que las relaciones entre los gobiernos son «excelentes» y que no se trata de un «problema diplomático», sino «comercial entre empresas de los tres países».

Martinelli adelantó que tiene previsto reunirse a principios de la semana que viene con Pastor, que también mantendrá un encuentro con Manrique y los dirigentes de la sociedad gestora del canal (encabezados por Jorge Luis Quijano) para tratar de desbloquear la situación. El consorcio liderado por la constructora española (posee el 48% del mismo) y en el que también participan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa exige que se le paguen cerca de 1.200 millones de euros adicionales a los  pactados en el contrato por «sobrecostes» de los que responsabiliza a la gestora del canal, que se niega a reconocerlos.

MEDIACIÓN / El Ministerio de Fomento apuntó que el objetivo de Pastor

-que estará acompañada por el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores- es «ayudar y mediar» para «alcanzar un acuerdo» que satisfaga a todas las partes.

«Cualquier solución de ruptura va a costar mucho más dinero y mucho más tiempo de lo que costaría llegar a un acuerdo sobre un sobrecosto que, en todo caso, supondrá una pérdida para el consorcio, pero una pérdida que pueda ser asumible», precisó el embajador Silva en RNE. Las palabras del diplomático parecen apuntar a que el objetivo de las conversaciones es lograr que la gestora del canal acepte pagar parte de la cantidad exigida por el grupo liderado por Sacyr y que este se conforme con una cantidad menor que la reclamada.

Así se desprende también de las palabras del director de comunicación y portavoz de Sacyr, Pedro Alonso, que ayer defendió en Onda Cero que las reclamaciones de la constructora deben ser atendidas «en todo o en parte». En una línea similar se pronunció Quijano, el máximo responsable de la gestora del canal. «Si encontramos razones pagaremos, pero esperamos que la contraparte también atienda ese mismo juego», señaló en Radio Panamá. El acuerdo, en cualquier caso, podría demorarse, como dejó entrever el embajador: «Los gobiernos podemos ayudar a que haya diálogo. Hay tiempo todavía: durante estos 21 días (los que falta hasta que Sacyr pare la obra) hay que dialogar mucho».

LEJANÍA / Las posiciones siguen siendo distantes. El portavoz de Sacyr, así, defendió en la SER que las reclamaciones de la constructora «no son ningún cuentito» (como las había calificado el presidente panameño en jueves), sino que están «muy bien justificadas». El proyecto original, argumentó, «no ha variado», pero se han producido «elementos extraordinarios imprevistos» que no son de su responsabilidad y que han provocado unas «tensión de tesorería y liquidez» que imposibilita seguir con la obra ya que Panamá «no atiende ninguna reclamación». La oferta del consorcio, continuó, no suponía «una baja temeraria» del precio.

El responsable de la gestora del canal, por su parte, aseguró «no entender» la cantidad que le reclama el consorcio. Quijano, así, apuntó que la firma presentó una primera reclamación por 430 millones de euros hace más de un año y medio  y otra por 661 millones el lunes de la semana pasada, dos cantidades que no suman la cantidad total reclamada.

«Sinceramente, las cifras no son sustentables», añadió para asegurar que el objetivo de la «amenaza» de Sacyr es forzar una negociación «fuera del contrato». Quijano también confirmó que no ha tenido ningún tipo de «comunicación, ni positiva ni negativa» desde que el consorcio de Sacyr anunció su intención de suspender las obras de ampliación del canal.