La UE declara ilegales las rebajas fiscales concedidas al sector naval

A pesar de las presiones de las autoridades españolas, de los sindicatos y del sector naval, la Comisión Europea declaró ayer ilegal un complejo sistema de bonificaciones fiscales creado por el Gobierno en el 2002 para que una serie de empresarios pudieran ahorrarse el pago de miles de millones de impuestos a Hacienda con la excusa de apoyar a los astilleros.

La Comisión Europea exigió al Gobierno que se encargue de recuperar las bonificaciones fiscales concedidas mediante ese sistema denominadotax leasea las empresas e inversores que actuaron de intermediarios en la compra de buques a los astilleros a partir del 30 de abril 2007, cuando ya declaró ilegal un sistema similar en Francia, hasta el 2012, cuando entró en vigor del nuevo sistema compatible con las normas de la Unión Europea (UE).

«Las agrupaciones de interés económico y sus inversores se han beneficiado ilegalmente de ventajas fiscales, que ahora debe restituir al Estado español», señaló el comisario de Competencia, Joaquín Almunia. El comisario insistió que ni los astilleros, ni los armadores que adquirieron los buques, tienen que devolver nada, incluso si eso figurara en algún contrato, ya que constituiría una cláusula abusiva ilegal y, por tanto, inaplicable.

DESCUENTOS / Los cuantiosos beneficios fiscales que obtenían los empresarios asociados para actuar como intermediarios en la compra del buque entre el armador y el astillero les permitían ofrecer un descuento final a la compañía naviera por la adquisición de ese buque, que podía superar el 20% del precio según las denuncias presentadas por astilleros de otros países.

Almunia negó que la decisión ponga en peligro al sector naval y destacó que el futuro de los astilleros depende de su capacidad de ser competitivos, no de un mecanismo que sirve para que empresas ajenas al sector no paguen los impuestos que les corresponden a Hacienda.

Frente a las quejas españolas, Almunia recordó que el Gobierno no notificó previamente a la Comisión Europea en el 2002, como era obligatorio, la creación de ese sistema de bonificaciones fiscales, por lo que toda la responsabilidad recae sobre las autoridades por haber tratado de ocultar su existencia.

MENOS EXIGENTE / La Comisión Europea finalmente sólo exigió la devolución de las bonificaciones fiscales a partir de la fecha en que también declaró ilegal el sistema similar francés, aunque al principio Almunia quería exigir esa devolución desde el 2005 cuando abrió el expediente a Francia. Almunia insistió además que no es a la UE a quien deben devolverse esas ayudas, sino a la Hacienda española.

Como la responsabilidad de calcular las cantidades que deben devolverse a Hacienda recae en el Gobierno, al igual que la recaudación de esos fondos, no está nada claro que al final haya realmente una devolución significativa de bonificaciones. Almunia eludió cuantificar el importe de lo que debe devolverse e insistió que es el Gobierno quien tiene que calcular los importes.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que el Gobierno se reservaba el derecho de recurrir la decisión de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, una vez se haya estudiado el alcance real de las cantidades a devolver.