La volatilidad de la situación económica

Las familias se han encontrado, hace más de un año, con una drástica reducción de ingresos reales porque tienen que pagar más impuestos. Además, acumulan muchos otros sobresaltos. Por ejemplo, un día se enteran de que las autonomías gastan 28.000 millones más que cuando se inició la crisis o que el número de empleados que trabajaban para las autonomías en el 2006 aumentó a lo largo de la crisis -del 2006 al 2013- en 300.000 personas y ahora supera la cifra de 1,5 millones. El Gobierno pagó este año a los autónomos por cuenta de las administraciones públicas 5.510 millones de euros.

Estos avatares han servido para facilitar los altibajos de cobros y pagos de millones. No con los propios, sino los del país. Han tensado la capacidad del Gobierno y han conseguido que buena parte de la población esté empobrecida. Como quiera que la deuda se debe al extranjero, la demanda interior se debilita y esto hace que el paro aumente, lo que, a su vez, obliga a las administraciones públicas a elevar sus prestaciones y extremar la recaudación de impuestos, tasas, multas, etcétera. A su vez, este entorno, ha propiciado el crecimiento de la economía irregular que se muestra por todas partes.

Los esfuerzos mencionados servían para pagar la deuda acumulada más sus intereses, lo que estaba lejos del alcance de cualquier gobierno pues, una vez atendido lo imprescindible, apenas se podía atender a los intereses y, peor aún, obligaba a endeudarse más para poder pagarla. Esa trayectoria presagiaba lo peor pero el cumplimiento de los pagos y la evidencia de cambios relevantes aportaron confianza y facilitaron que el propio interés de los acreedores llevara a reducir el coste de la deuda.

El primer envite frontal de la crisis ha pasado, aunque por los pelos. El paro registrado en abril se redujo en 46.050 personas que no parecen haberse marchado al extranjero y que, en su mayor parte, están empleados en el sector servicios en Catalunya. Un dato real tenue pero, con todo, bienvenido.

¿Qué hacer? ¿Qué pediría un interventor capacitado y benévolo? Lo primero, tras informar de su misión, sería explicar que convertir un ayuntamiento, una comunidad autónoma, o cualquier entidad en un albergue remunerado, es un castigo a todos los demás y, añadiría, que nadie tiene autoridad para usar a su albedrio los recursos públicos.

Sugeriría la eliminación de lo prescindible recordaría que la conveniencia de toda nueva contratación por parte de entidad pública ha de estar aceptada por autoridad externa, con potestad específica para ello, y esa misma autoridad debería aceptar o cuestionar las nuevas incorporaciones. Pediría la eliminación de las partidas de gasto prescindibles y explicaría los protocolos a usar en cada operación.

Aprender de los demás es bueno. Por ejemplo, Alemania es un país con más población y riqueza que España y, sin embargo, tiene menos ayuntamientos que España y el número de losländerses inferior al de las CCAA. Un interventor externo y ecuánime pediría algo similar, pero uno del país lo haría mejor.