El Congreso no renovará el contrato de restauración de Arturo Fernández

El Congreso, más allá de las quejas de usuarios, no ha apreciado actuaciones fuera de la ley en la prestación del servicio de restaurantes que desde 1995 regenta el grupo hostelero que preside Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE, ni ha recibido denuncias de pagos en B a sus empleados en el último ejercicio. Eso sí, como la actual relación está en fase de prórroga y vence el próximo 1 de septiembre, ha anunciado los trámites para un nuevo concurso.

En declaraciones a los periodistas al término de la reunión de la Mesa del Congreso, el presidente de la Cámara, Jesús Posada, ya había avanzado que el informe elaborado por la comisión de contratación no había detectado "ninguna actuación fuera de la ley" en el Grupo Arturo Cantoblanco.

Sin embargo, pese a que, según ha insistido Posada, la empresa del vicepresidente de la CEOE ha actuado "con absoluta normalidad" tanto en el presente como en el pasado, el órgano de dirección del Congreso ha decidido sacar a concurso el contrato de restauración.

En ese informe se señala que la empresa del vicepresidente de la CEOE lleva en la Cámara desde 1995 y que su último contrato se formalizó en julio de 2010 y que se acordó una prórroga de un año en septiembre de 2012.

En estos años, el Congreso señala que el servicio de restauración no se ha prestado a plena satisfacción de los usuarios y que ha habido quejas, y aunque admite que algunas actividades empresariales de Arturo Fernández en otros ámbitos han podido generar "inquietud" e incluso "rechazo", no ha tenido motivos para revocar su relación contractual.

Máxime cuando, según explica el informe, la empresa del grupo Cantoblanco ha ido cambiando casi en cada concurso con lo que formalmente se trata de personas jurídicas distintas, aunque todas propiedad del vicepresidente de la CEOE. En estos últimos años no se ha observado nada ilegal en la prestación del servicio de restauración en el Congreso. El último contencioso fue en 2009, cuando la empresa y los trabajadores protagonizaron un conflicto colectivo que requirió un acto de conciliación.

 EMBARGO POR DEUDAS TRIBUTARIAS

La Cámara reconoce que el Grupo Cantoblanco se ha visto salpicado por otras denuncias. En febrero de 2012 llegó al Congreso una diligencia de embargo por deudas con la Agencia Tributaria por más de 3,62 millones de euros, pero no tomó medidas al respecto porque se trataba de otra empresa de Arturo Fernández que no era la que estaba contratada por la institución parlamentaria.

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El último episodio ha sido la denuncia de pagos en negro a empleados del grupo, pero el Congreso dice no haber recibido "formalmente" ninguna denuncia de los trabajadores de Arturo Fernández destinados en la Cámara.

Una irregularidad como ésa, señala el Congreso, sería motivo de incumplimiento de las condiciones del contrato y de ruptura de la relación, pero no tienen información al respecto. "En todo caso --concluye el informe--, se ha de tener en cuenta que el actual contrato finaliza el 1 de septiembre, habiéndose iniciado las gestiones oportunas para sacar a con curso un nuevo procedimiento".