Madrid dicta la primera sentencia contra la supresión de la paga extra de los funcionarios

ElTribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)ha dictado la primera sentencia contra la supresión de lapaga extraa los funcionarios que, si bien se refiere a un organismo concreto de esa comunidad, podría sentar precedente ante las diferentes demandas.

El tribunal autonómico ha condenado a la agencia de informática y comunicaciones madrileña (ICM) a abonar a su personal asalariado los días devengados de la paga extraordinaria de Navidad, o cantidades equivalentes, entre el comienzo del año 2012 y la entrada en vigor --en julio pasado-- del decreto por el que se suprimieron estas pagas. En concreto, condena al abono de la suma del importe de los 14 días del mes de julio ya devengados a la entrada en vigor del decreto.

La sentencia asegura que las pagas extraordinarias son una parte del salario diferido que “se devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses del año, y su importe debe equipararse al salario regularmente percibido por el trabajador, no constituyendo meras expectativas". Por ello entiende que los trabajadores demandantes "tienen derecho a su percepción, no pudiendo tener la norma efecto retroactivo".

El tribunal no ha aceptado una parte del recurso presentado por el sindicato para que se abonara la paga extra en su totalidad.

La federación de servicios a la ciudadanía de CCOO que presentó la demanda el pasado 24 de octubre, apoyada por el resto de los sindicatos, considera que el fallo debe hacerse extensivo a la totalidad del personal público asalariado y se debe trasladar a los cerca de tres millones de personas que desarrollan su actividad laboral en el sector público del Estado y las administraciones autonómicas y locales. Por ello, reclama al Gobierno el reconocimiento legal de este derecho para evitar la proliferación de demandas colectivas que están impulsando las organizaciones sindicales y las personas afectadas a título individual. 

Según este sindicato, la aplicación de esta sentencia entre todo el personal afectado en España supondría unos 33 millones de euros al Estado.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Para la plataforma sindical de empleados públicos la sentencia de Madrid es el punto de inflexión que marca además un cambio de fase en sus reclamaciones y protestas. Así, tras una primera etapa en la que se han presentado recursos contra la supresión de la paga extra de los funcionarios adscritos a laAdministración Central (ministerios y Agencia Estatal de la Agencia Tributaria), los sindicatos se embarcarán ahora en una segunda fase que afectará a su personal laboral.

Según han concretado los portavoces de la plataforma, se presentarán ahora nueve conflictos colectivos que afectarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Correos, Renfe, Agencia Tributaria, AENA, Patrimonio del Estado, Museo del Prado, Boletín Oficial del Estado (BOE) y Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).