La reforma laboral apunta ahora a los empleados y empresas públicas

El nuevo reglamento de los ERE ya permite el despido colectivo con la mínima indemnización

Protesta de funcionarios municipales de Barcelona, el 17 de octubre, contra los recortes en los servicios públicos.

Protesta de funcionarios municipales de Barcelona, el 17 de octubre, contra los recortes en los servicios públicos. / FERRAN NADEU

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MERCEDES JANSA / Madrid

La reducción deempleo públicoparece que es la principal vía por la que opta elGobiernodeMariano Rajoypara cumplir con elobjetivo de déficitpara el año que viene. Todas las administraciones, independientemente del color político que las gobierna, están elaborando planes para reducir sus plantillas de personal laboral (no funcionario) y el número de empresas, organismos y entes. El reglamento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), en vigor desde el 1 de noviembre, abre mucho más la puerta a estosdespidosque, no obstante, vienen siendo un goteo desde hace dos años en las autonomías.

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Laadministración pública, incluidos ayuntamientos y comunidades autónomas, emplea en España a 2.690.099 personas. De ellas, 840.000 son personal laboral, es decir, sin condición de funcionarios, único grupo al que no afectarán los ERE. Del total, 140.000 son trabajadores de empresas públicas, incluidas televisiones.

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