Más cambios en pensiones

El Gobierno ya ha empezado a reconocer que va a cambiar la ley de pensiones aunque sigue sin desvelar la fórmula que elegirá para que el sistema encaje con el recorte del déficit y con las recomendaciones de la Unión Europea (UE). El resultado es previsible: se trabajará más (se habla de 40 años o más de vida laboral) y la cuantía de la prestación será menor. De momento, ayer decidió subir las pensiones solo el 1% (como adelantó este diario) y se guardó en la manga la carta de la revalorización para el año que viene.

En sus recomendaciones del 10 de julio pasado el Consejo Europeo pedía a España «asegurar que la edad de jubilación vaya aumentando en función de la esperanza de vida a la hora de regular el factor de sostenibilidad». La reforma que el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció para finales de año también limitará la jubilación anticipada y la parcial.

También ayer dejó de ser tabú echar mano del fondo de reserva, lahucha, que en la actualidad suma a 67.948 millones de euros. «Para eso está», afirmó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. De momento se dispondrá de 3.063 millones para «necesidades de tesorería» que bien podría ser la paga extra de Navidad de los más de 8,9 millones de pensionistas.

Efecto de la crisis

La crisis ha producido un doble efecto negativo: la caída de cotizantes por el aumento del desempleo, que detrae ingresos al sistema, y el crecimiento del número de pensionistas (así seguirá en los próximos años) que, además, reciben prestaciones más elevadas. Por eso el Ejecutivo se agarra al término «factor de sostenibilidad» para justificar por el aumento de la esperanza de vida cambios en una ley que no apoyó hace dos años cuando estaba en la oposición, al negarse a prolongar la edad de jubilación a los 67 años. Ahora no le quedará más remedio que dar otra vuelta de tuerca.

Esta reforma entrará en vigor en enero de forma paulatina y en el 2025 la jubilación será a los 67 años. De seguir así la intensidad de la crisis, podría llegar a los 70, según los expertos. Otra vía de reforma para que se reduzca la cuantía de la pensión es ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la prestación, ahora limitado a los 25 últimos años de actividad.

La opacidad sigue presidiendo el futuro más inmediato, el de la revalorización de las actuales pensiones. Para cumplir con la ley de la Seguridad Social, el Ejecutivo deberá esperar a conocer en noviembre el dato del IPC que sirve para la actualización de las prestaciones.

Si la inflación llega al 3% -en agosto fue del 2,7%- tendrá que proceder a la revalorización automática, excepto que cambie la ley expresamente. Por eso ayer Montoro enfatizó que esta normativa «sigue vigente». El asunto es que si la desviación de dos puntos se abona a lo largo del 2013 en 14 pagas, se debe consolidar para el futuro. Y también se deberá consolidar la subida del 1%. En total, el gasto podría superar los 4.000 millones de euros si la inflación llega al 3%. Otra vía podría ser la de la congelación de estas prestaciones, que sería también una forma de rebajar las pensiones.

En todo caso, el Gobierno juega con los tiempos políticos que este otoño tiene como momento clave las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco del 21 de octubre. Y para cuando se conozca el dato del IPC de noviembre los Presupuestos del Estado para el año que vienen aún estarán en trámite parlamentario.