Una autoridad fiscal controlará los presupuestos públicos

El Gobierno ha aprobado el plan nacional de reformas que acompaña al anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 y que liberaliza sectores productivos y crea la nueva figura de autoridad fiscal para controlar los presupuestos públicos de todas las administraciones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría explicó que la intención del Gobierno es que esta institución «sea capaz de anticipar las desviaciones en los presupuestos de las administraciones».

Además, la autoridad fiscal se encargará de controlar el gasto de los organismos públicos. Según ha señalado Santamaría, los presupuestos para el próximo año abordan «dos elementos fundamentales de actuación política y económica: el control del déficit público y la puesta en marcha de reformas que sean capaces de crear empleo y riqueza en España».

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, insistió en que la autoridad fiscal velará por el «estricto» cumplimento de los presupuestos tanto en la elaboración de los mismos, como en su implementación y ejecución».

CAMBIOS LEGISLATIVOS / En el programa de reformas se incluyen medidas que suponen un gran volumen de cambios legislativos. Hasta 43 leyes pueden verse afectadas. Entre los cambios se incluyen varios destinados a la consolidación fiscal cuyo objetivo, según el Ejecutivo, es la mejora de la disciplina fiscal y la transparencia presupuestaria para las diferentes administraciones. Otra de las reformas que se potencian es la aprobación del plan de emprendedores, que facilitará nuevas licencias para abrir un negocio y disminuirá las trabas administrativo.

Dentro de las medidas para fomentar el crecimiento y la competitividad se abordará la reforma de la formación profesional y del empleo juvenil. También se propone la correción de los desequilibrios del sector energético, con actuaciones dirigidas a solventar el desajuste entre ingresos y costes del sistema.

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Dentro de las medidas que pretenden fomentar la unida de mercado, el programa incluye la creación de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que agrupará las funciones de los ocho reguladores actuales y permitirá ahorrar alrededor de 28 millones de euros gracias a la reducción del número de altos directivos y a los menores gastos en gestión.