Montoro advierte un mayor fraude fiscal por la crisis

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, reconoció ayer que a la crisis actual se ha unido un aumento de la economía sumergida y el fraude fiscal «muy considerable» y que ambas cuestiones han supuesto una caída de la recaudación tributaria de 70.000 millones de euros, el 7% del producto interior bruto (PIB) desde el 2007. «Eso es lo que tenemos que erradicar», indicó el ministro desde la tribuna del pleno del Congreso de los Diputados durante el debate de totalidad del proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Montoro advirtió de que hay una «debilidad muy profunda» en términos recaudatorios, que «sitúa a España en un nivel anormalmente reducido en términos de pago de impuestos en relación con su nivel de actividad, riqueza y desarrollo». A la caída en la recaudación desde el 2007 ha contribuido la crisis, pero esta «no puede ser la causa de un descenso de siete puntos del PIB». Según el responsable de Hacienda, «70.000 millones no se han evaporado por la crisis económica o inmobiliaria, es imposible». Así, explicó que en España a esta crisis se ha unido «un aumento de la economía sumergida y el fraude fiscal muy considerable. Eso es lo que tenemos que erradicar», agregó.

La ley de medidas contra el fraude recoge iniciativas como limitar los pagos en efectivo a un máximo de 2.500 euros. El ministro ha reclamado una «tramitación diligente y rápida, para que podamos tener en el conjunto de este año un elenco de medidas» de lucha contra el fraude.

POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA AMNISTÍA / Pero alguna de esa medidas se enfrentan con el rechazo de la oposición. El PSOE solicitó ayer a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar inmediata del proceso de amnistía fiscal abierto por el Gobierno hasta el 30 de noviembre. Según fuentes del PSOE, la resolución de la Audiencia Nacional se debe producir muy pronto, «en semanas».

En caso de suspensión de la medida, el Estado ya no podría contar con los 2.500 millones contabilizados por esta medida y ello añadiría una nueva complicación al objetivo de déficit de este año.