La inacción política

El rápido aumento de julio en los precios del maíz y del trigo en el mercado, confirmado por el Índice de precios que publica la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) podría traer consecuencias catastróficas para los más pobres del planeta. De hecho, ya está teniendo fuertes impactos, por ejemplo, en Yemen, donde cerca de 10 millones de personas pasan hambre, y en las poblaciones más vulnerables de México y Centroamérica, afectadas también por las inclemencias meteorológicas. Estas regiones tienen en común su dependencia de las importaciones. Para ellas y para otros muchos países, el 2012 podría convertirse en la tercera crisis del último lustro, evidenciando de nuevo el disfuncionamiento del sistema alimentario mundial. El 2008 y el 2011 ya representaron picos extraordinarios en una tortuosa línea de los precios alimentarios, que dibuja una tendencia alcista para la próxima década.

Sería un error limitar el análisis de las causas de este incremento a los efectos de la sequía en los principales países productores, EEUU, Rusia y Ucrania. Sin duda es parte del problema, pero donde el sistema falla es en que seguimos sin enfrentar las verdaderas causas del incremento y volatilidad de los precios de las materias primas: la larga ausencia de inversiones públicas en agricultura y en desarrollo rural, los efectos del cambio climático, el uso de tierras y alimentos para la producción de agrocombustibles, la insuficiente transparencia de los mercados de futuros y derivados de materias primas o la especulación excesiva con precios alimentarios. Los tiempos en los que los alimentos eran baratos han llegado a su fin y nos sorprende con las reservas vacías.

Repuesta tibia

El G-20 ha tenido la posibilidad de aportar soluciones para prevenir las escaladas de precios. Sin embargo, desde que en el 2008 el mundo se percatara de sus efectos en la pobreza y la estabilidad política, numerosas reuniones de alto nivel, informes de expertos y dos cumbres de jefes de Estado solo han mostrado respuestas tibias. Los agrocombustibles fueron ignorados a pesar de las recomendaciones de varias agencias internacionales para eliminar los subsidios a la producción y comercialización (Estados Unidos destinó en el 2011 más del 40% de su producción de maíz a la producción de bioetanol). La especulación financiera se esfuerza en bloquear las negociaciones de los ministros de Economía del G-20. En la última cumbre de junio, tampoco se mencionaron las pequeñas explotaciones familiares como elemento central para la seguridad y la productividad alimentarias.

Lo que está claro es que estas decisiones políticas (o su ausencia) tienen efectos a escala global, más especialmente en los 1.000 millones de hombres y mujeres que pasan hambre, y para aquellos que podrían caer por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia del encarecimiento de los alimentos.