27 años para devorar tres siglos de historia

Aunque pueda resultar sorprendente, apenas 27 años de voracidad desmedida y desatada de los gobernantes autonómicos han bastado para llevar a la práctica aniquilación a unas instituciones con más de tres siglos de historia en España. Es el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley que reguló los órganos rectores de las cajas de ahorro en 1985 y dio entrada a las recién nacidas comunidades autónomas en estas entidades financieras. El primer golpe fue la reforma del vicepresidente Enrique Fuentes Quintana del año 1977, que equiparó su funcionamiento al de los bancos y les alejó de su origen básicamente social y regional. Las cajas ya tenían vía libre para competir por toda España, lo que les llevó a un crecimiento en muchos casos desbocado y con pies de barro. Pero el tiempo ha demostrado que su caída bajo el poder autonómico supuso su auténtica acta de defunción.

En un modelo desastroso, las comunidades asumieron amplias competencias estatales en materia de vigilancia de las entidades, pero al mismo tiempo pasaron a formar parte de sus órganos de gobierno. Es decir, que se convirtieron en juez y parte, lo que dejó a muchas cajas a merced de los gobernantes de turno, que las convirtieron en sus brazos armados financieros.

Hubo excepciones. Algunas leyes de cajas autonómicas fueron más rigurosas, como la catalana, y algunas entidades --como La Caixa, la malagueña Unicaja o la vasca BBK-- lograron mantener una gestión profesional y prudente a pesar de las presiones de los políticos. Pero la regla general fue otra.

Las cajas se lanzaron a crecer. Superado el bache de la crisis de los 90, entraron en tromba a financiar la burbuja inmobiliaria, hasta llegar a suponer en el 2007 el 49,3% de los créditos del conjunto del sector financiero y el 57% de los depósitos. Los resultados que obtenían con su incursión poco prudente en este negocio les servía para financiar faraónicos y ruinosos proyectos de los gobernantes autonómicos. Un caso paradigmático es Terra Mítica en Benidorm, impulsado por el valenciano Eduardo Zaplana.

Todo iba bien gracias al ladrillo y las comunidades pusieron al frente de muchas cajas a presidentes sin experiencia financiera, como Miguel Blesa (Caja Madrid), cuyo mayor logro era ser amigo de José María Aznar, o Modesto Crespo (CAM), dueños de sucursales de coches y amigo de Francisco Camps.

También se llenaron de expolíticos: un retiro dorado de sueldos muy superiores a los de la administración pública. Sin ruborizarse, era normal ver saltos como el de José Luis Olivas, que pasó de presidir la Comunidad Valenciana con el PP a presidir Bancaja, o Juan Pedro Hernández Moltó, que se convirtió en el máximo responsable de CCM, después de haber consejero del gobierno regional y diputado del PSOE.

Con el pinchazo de la burbuja, todo se vino abajo. Y aún así, las autonomías trataron de mantener su poder. Comunidades como Catalunya o Galicia forzaron fusiones interregionales que se han demostrado ruinosas (Catalunya Caixa, Unnim y Nova Caixa Galicia lo atestiguan), bloqueando uniones entre entidades de distintas regiones, que hubieran resultado viables. Además, impusieron una entelequia conocida comofusiones fríasque hubo que rehacer en el peor momento de la crisis y que retrasó fatalmente el proceso. El Banco de España no tuvo la fuerza suficiente para impedirlo a tiempo. De hecho, forzó en el último momento uniones desastrosas, como Banca Cívica y Bankia.