Argentina se apropia del 51% de YPF y nombra a un interventor en nombre del Gobierno

La presidenta argentina,Cristina Fernández, ha declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación el patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la españolaRepsol. Con esta medida, el Estado argentino tomará el control de la petrolera. Kirchner ha decidido colocar al frente de YPF al ministro de Planificación federal, Julio de Vido y al viceministro de Economía, Axel Kicillof. "Recuperamos la soberanía. Somos el único país de América latina, y casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales", ha dicho. La expropiación se lleva adelante a pesar de las advertencias de España sobre sus consecuencias políticas y comerciales. "Quiero decirle a los argentinos que esta presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto. Los que esperen que esta presidenta responda improperios, agravios o descalificaciones pierden el tiempo. No me han votado para eso", dijo Kirchner.

Acusación

La ley enviada al Congreso declara de "utilidad pública y sujeta a expropiación" esa mayoría accionarial de YPF (el 51%). Las acciones, remarca el proyecto, se repartirán entre el Estado Nacional (26,01%) y las provincias productoras (24,99%). La presidenta la fundamentó en el hecho de que Argentina se convirtió por primera vez en su historia en un país importador de combustible y reiteró la acusación a Repsol, dueña del 57,4% de las acciones, de no haber invertido lo suficiente. Esa acusación es rechazada por la empresa.

El precio de esas acciones lo fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la declaración de "interés público y nacional" del "autoabastecimiento de hidrocarburos". El proyecto fija también la "remoción de los directores y síndicos titulares y suplentes" y estipula que "la designación de los directores se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa".

Recurso estratégico

La nueva YPF tendrá una "modalidad moderna de negocios" que buscará distintas asociaciones con el capital privado. "Pero el 51% no lo manejará ningún grupo económico", señaló. "No estamos inventando absolutamente nada", dijo Kirchner sobre la participación estatal. El recurso energético, aseguró, "siempre ha sido estratégico y hoy es de carácter vital. Por eso la decisión que hemos adoptado hoy". "No es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de sociedad anónima y el de una conducción profesionalizada", dijo.

Kirchner, que hasta el 2011 tenía una relación más que cordial con Repsol, y prodigaba elogios públicos, afirmó, al justificar su proyecto, que, tras 17 años, el país tuvo que importar combustible por más de 9.000 millones de dólares, lo que equivale al saldo de la balanza comercial. Si la situación se prolongara, "nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos". El proyecto establece también que el Estado "arbitrará las medidas conducentes" para, entre otros objetivos, la "conversión de recursos en reservas comprobadas y su explotación"; la "integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas"; la "maximización de las inversiones"; la “promoción de la explotación y comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado" y la "explotación racional" de los recursos.  "El siempre soñó con recuperar YPF", dijo, por último, en tono melodramático, sobre su difunto esposo, el fallecido presidente Néstor Kirchner.

La valoración

La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control deYPFa efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos". El proyecto incluye la "remoción de la totalidad de directores"· de la compañía y pretende garantizar la "continuidad operativa". El anuncio de la expropiación de YPF se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones.

La iniciativa, bautizada Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos". El proyecto se ha presentado durante un acto en la Casa Rosada. El precio a pagar por esas acciones, que involucran al capital en manos del Grupo Petersen y el restante a Repsol, se pagará a un precio que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Las razones

"Somos el único país de Latinoamérica que no maneja sus recursos naturales pero hubo motivos más fuertes para esta privatización", ha dicho Fernández en la presentación del proyecto. La gran queja del Estado argentino es la falta de inversiones de Repsol en la compañía y el hecho de que en el 2011, el país se convirtió en importador neto de gas y petróleo, con un déficit de 3029 millones de dólares. Es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que importar gas y petróleo.

"De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos encontraríamos en un país inviable por una política empresarial y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo por capacidad petrolera", explicó Fernández. "Igualmente no se trabajó sobre el gas convencional", dijo.

El accionariado

En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en un 57,43% aRepsoly en un 25,46% al Grupo Petersen, mientras que un 17,09% cotiza libremente en bolsa y un 0,02% ya está en poder del Estado argentino.

La expropiación estará regida por la Ley 21.499 de Expropiaciones, que el Poder Ejecutivo "actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del Estado nacional". En el borrador, también se preveía la remoción total de la actual conducción de YPF y también se establecía que las provincias petroleras (OFEPHI) tendrán espacio en la nueva composición accionarial en la que también podría haber empresas privadas, en caso de que inviertan por requerimiento de la nueva dirección estatal.