Últimas medidas económicas

Zapatero da otro giro y apuesta por la contratación temporal

El presidente Zapatero, con la vicepresidenta Salgado, el pasado miércoles en el Congreso.

El presidente Zapatero, con la vicepresidenta Salgado, el pasado miércoles en el Congreso.

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno lleva hoy al Consejo de Ministros lo que constituye su último bandazo en política económica, en este caso en materia laboral. En contra del proclamado objetivo de favorecer la estabilidad en el empleo, el real decreto que el Gobierno prevé aprobar hoy refuerza la contratación temporal.

El Gobierno pretende dejar sin efecto durante dos años el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que protege a los empleados contra el encadenamiento abusivo de contratos temporales.

También se crea un nuevo contrato de formación y aprendizaje, que sustituirá al actual de formación, que podrá ser ofrecido a jóvenes de hasta 30 años por un periodo de dos años ampliable a tres, y que tendrá una bonificación del 100% de los costes sociales (del 75% para empresas de más de 250 trabajadores). El sueldo podrá ser el salario mínimo interprofesional (641 euros al mes) en la parte proporcional a una jornada del 75%. En resumen, el nuevo contrato hará posible contratar a un joven de 30 años por 480 euros al mes, hasta que cumpla 33.

«La crisis no justifica la inclusión de nuevas reglas que precaricen más el empleo», opinaron ayer UGT y CCOO en un documento de observaciones al borrador de real decreto. Según los sindicatos, «resulta chocante que para promover la estabilidad que predica el título del real decreto ley se permita el encadenamiento de contratos laborales» y se preguntan: «¿No es esto una forma de abaratar el empleo? ¿Y esto favorece la estabilidad?».

EL PUNTO DE VISTA DEL GOBIERNO / Desde el punto de vista del Gobierno, en un momento de crisis la regla que impide encadenar contratos temporales (convirtiendo en fijos a los trabajadores contratados de forma temporal por un espacio superior a 24 meses) puede producir efectos indeseados de no renovación y despidos. De ahí su suspensión temporal.

Además, según el Gobierno, ampliar el contrato de formación a jóvenes de 25 años (el tope actual es de 21) y de forma transitoria, hasta el 2013, a personas de hasta 30 años, se explica porque en este grupo (entre 25 y 30 años) hay muchos parados sin cualificación profesional.

Introducir un nuevo contrato laboral y abaratar el despido son dos de las recomendaciones incluidas en la carta que el Banco Central Europeo (BCE) envió al presidente del Gobierno tras decidir intervenir en el mercado de bonos en apoyo de la deuda pública española, según fuentes conocedoras de la citada misiva.

Para favorecer la estabilidad en el empleo, el decreto que hoy estudia el Gobierno establece una bonificación de 1.500 euros anuales durante tres años para las empresas que conviertan los contratos de formación en fijos (1.800 en el caso de mujeres). Además se amplía hasta finales del 2013 el plazo para convertir contratos temporales en fijos a través del contrato de fomento de la contratación (con una menor indemnización por despido, de 33 días por año trabajado, en lugar de 45). También se prorroga durante todo el 2012 la subvención que concede el Fondo de Garantía Salarial a los empresarios para reducir en ocho días la indemnización por despido, si bien se limitará a los despidos procedentes.

El decreto además amplía seis meses más, hasta el 16 de febrero, la paga de 400 euros para parados que hayan agotado toda prestación.

INDECISIÓN FISCAL / La vicepresidenta económica, Elena Salgado, insinuó el miércoles que el Gobierno también podría aprobar hoy una mayor tributación para las grandes fortunas. A última hora de ayer aún reinaba confusión en diferentes estamentos oficiales sobre la adopción o no del algún gravamen adicional para los contribuyentes más ricos, tal como el miércoles aprobó el Gobierno francés. Hasta última hora se estuvo barajando la conveniencia o no de recuperar el gravamen del impuesto del Patrimonio en su totalidad o para un determinado colectivo.