APROBACIÓN definitiva DE LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA EL 2011

Zapatero salva el presupuesto del ajuste con el apoyo del PNV

El portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, felicita a la vicepresidenta Elena Salgado, tras el debate que aprobó ayer los presupuestos del 2011.

El portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, felicita a la vicepresidenta Elena Salgado, tras el debate que aprobó ayer los presupuestos del 2011.

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

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El pacto de estabilidad parlamentaria entre el grupo del Gobierno (PSOE) y el PNV rindió ayer su fruto más buscado con la aprobación definitiva de los presupuestos del Estado para el 2011. Los votos de PNV y de Coalición Canaria (CC) permitieron al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, sacar adelante las cuentas más austeras de la democracia, por mucho que ayer la vicepresidenta Elena Salgado se empeñara en subrayar que no son las cuentas «del ajuste duro» ni los del recorte social.

La ministra pidió a los grupos su apoyo para levantar el veto que el Senado impuso al proyecto de ley de presupuestos del Estado porque, según dijo, son un «instrumento relevante en un momento relevante, una herramienta que nos permite seguir luchando contra la crisis y apoyar la recuperación».

El «objetivo prioritario» que guía el contenido de los presupuestos del 2011 es el de lograr situar el déficit público del conjunto de las administraciones públicas en el 6% del PIB, según la ministra Salgado.

RECORTE PARA TODOS / A partir de ahí, las cuentas del 2011 incluyen un recorte del gasto del 7,9% respecto al año anterior en términos homogéneos, que, en realidad, reduce el 16% la capacidad de maniobra de los ministerios.

En total, el presupuesto no financiero consolidado del Estado y sus organismos autónomos será de casi 300.000 millones de euros. De todos los capítulos de gasto, el único que crece es el del pago de intereses por la deuda pública, que sube el 18,1%. Caen los capítulos de personal, de gastos corrientes y de inversión.

Por políticas de gasto, además de la deuda pública también sube la partida de pensiones, a pesar de la congelación de las prestaciones contributivas que regirá en el 2011.

Todo lo demás sufre recortes. Hasta la dotación de la Casa Real se recorta, por primera vez. El sueldo del presidente del Gobierno (78.185,04 euros) baja el 15%, dentro de la política general de recorte de sueldo de los empleados públicos en el 2010 y congelación en el 2011.

El bloque de gasto social representa el 58% el total en el presupuesto del 2011, un peso inédito a pesar de la congelación de las pensiones, y de los fuertes recortes de vivienda, sanidad, educación, cultura y servicios sociales, donde se incluye el apoyo a la dependencia. Del capítulo de gasto social suben las becas (el 2,6%) y las pensiones mínimas (el 1%).

Las pensiones absorben el 35,5% del gasto total consolidado; las prestaciones por desempleo, el 9,7%; los intereses de la deuda, el 8,7%; las transferencias a otras administraciones, el 13,6%; la inversión en infraestructuras, el 2,7% del total.

DEBATE POLÍTICO / El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, justificó ayer su apoyo a los presupuestos por considerar «absolutamente imprescindible» su aprobación ya que -según dijo-, aunque no son los mejores son «de los pocos posibles»; también «por el acuerdo alcanzado con el Grupo Socialista para el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika». Ana Oramas, de CC, dijo que estos presupuestos son «los únicos posibles y realistas».

A partir de ahí, todo fueron críticas en el debate de ayer en el Congreso de los Diputados. Cristóbal Montoro (PP), juzgó «inaceptables, intolerables e inadmisibles» unas cuentas que, según dijo, «suben impuestos, no tienen una verdadera austeridad en el gasto público, congelan pensiones y no titubean en recortes sociales». Para el portavoz de CiU, Pere Macías, son los presupuestos de la improvisación y la recesión, y «son incapaces de sacarnos de ella»

El diputado de ERC Joan Ridao juzgó «antisocial» el recorte de la ley de dependencia y la congelación de las pensiones. Nuria Buenaventura, de IU-ICV, afirmó que el Gobierno está desmantelando el ya «raquítico» Estado del bienestar, con unas cuentas que no sirven para la recuperación ni para crear empleo.