El largo camino de Ana María Méndez

La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el canon digital español se inició en Barcelona a instancias de una comerciante, Ana María Méndez, propietaria de Padawan, la empresa que fue demandada por la SGAE. Ante la reclamación que le hizo la SGAE en el 2004 instándole a pagar el canon correspondiente a unos CD grabables que había comprado "como restos de almacen", se inició todo el proceso judicial y la campaña SGAE contra Traxtore y la plataforma Todos contra el canon, que avalaron la mayoría de las asociaciones de internautas y de consumidores. También creó la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), con la intención de coordinar acciones ante posibles reclamaciones.

Padawan, SL es la empresa de Méndez, propietaria de la tienda Traxtore, ubicada en la calle Sepúlveda de Barcelona y que vende también por internet. El nombre hace referencia a La guerra de las galaxias, donde sirve para designar a los aprendices de Jedi, los guerreros de la saga. 

Méndez explica toda la historia en su web y la ha contado en numerosas ocasiones, entre ellas a este diario. La mujer recibió una primera circular tipo de la SGAE reclamándole el pago del canon correspondiente a CD y DVD grabables. Y luego, medidas más coercitivas como cartas ya directas en nombre de la entidad gestora de derechos de autor que dirigió a unas 200 tiendas de toda Catalunya en el 2006.

Páguelo en cómodos plazos

Cuando se negó a hacerlo argumentando que había comprado los discos en Bélgica "como restos de almacen" y por tanto entendía que no estaba sujeta al canon español, Méndez recibió la solicitud de la SGAE de auditar las cuentas de su negocio y la propuesta de fraccionar los pagos e incluso de rebajar la tasa.

La indignación fue creciendo con todo el proceso judicial, que ha vivido varias etapas. En una de ellas, la Audiencia de Barcelona optó por trasladar el conflicto a Bruselas a instancias del abogado de Méndez, Jordi Jover.

El abogado, hoy, insistía en que el Estado dejara de aplicar el canon tal como se hace en la actualidad. Para Ana María, sin embargo, el calvario no ha concluido y ahora será la Audiencia de Barcelona la que resuelva cómo aplicar la legislación nacional en su caso. Pero antes el Gobierno deberá recoger la normativa de Bruselas y revisar la ley nacida de un acuerdo privado entre las entidades de gestión y la industria informática y de electrónica de consumo.