La protección del ciudadano

La nueva ley de consumo dota de más derechos a los consumidores

Las asociaciones animan a aprovechar el Codi de Consum para reclamar más

El PP estudia llevar la norma al TC por las sanciones previstas en política lingüística

Varios viajeros presentan reclamaciones por el cierre de Air Comet el pasado diciembre, en Madrid.

Varios viajeros presentan reclamaciones por el cierre de Air Comet el pasado diciembre, en Madrid. / ARCHIVO / JOSE LUIS ROCA

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JOSEP M. BERENGUERAS
BARCELONA

La nueva ley que regula los derechos de los consumidores catalanes ya ha entrado en vigor. El Codi de Consum obliga a las empresas que presten servicios básicos en Catalunya a ofrecer a los ciudadanos un número gratuito de atención al cliente y garantiza que estos recuperen el dinero en casos de quiebras de empresas como los de Air Comet o Air Madrid. Unió de Pagesos y las asociaciones de consumidores OCUC y CUS animaron ayer a los ciudadanos a informarse sobre los nuevos derechos y a reclamar más.

«El nuevo Codi de Consum busca dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, hacerles la vida un poco más fácil», explica el director de la Agència Catalana del Consum, Jordi Anguera. Una de las principales novedades es que las empresas que cobren por adelantado están obligadas a contratar un seguro o presentar un aval sobre el dinero del consumidor para que, en caso de quiebra, estos puedan recuperar la inversión.

NÚMERO GRATUITO / Además, se obliga a las firmas que presten servicios básicos a tener un número gratuito telefónico y una dirección física en Catalunya para atender consultas, y estas no podrán cortar un servicio como el agua o la luz si hay una reclamación presentada, ni inscribir al consumidor en un fichero de morosos por una sola factura impagada sin comunicación por escrito. Cualquier servicio prestado tendrá una garantía mínima de seis meses.

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La norma también obliga a las empresas a utilizar en los contratos un tipo de letra de un tamaño y contraste visible por los ciudadanos, y aumenta el importe de las sanciones en caso de incumplimiento del código hasta el millón de euros. También especifica que los consumidores tienen derecho a recibir la información en catalán.

El PP anunció que estudiará llevar al Tribunal Constitucional la norma por las «multas lingüísticas». Anguera respondió que «en muchos casos solo se recoge lo ya previsto en leyes antiguas» y que el Consell de Garanties Estatutàries ya avaló el texto.