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José Carlos Díez
Profesor de Economía de la Universidad de Alcalá.
JOSÉ CARLOS Díez
Ayer se examinó el estado de la nación en el Congreso, en el que la economía volvió a centrar el debate. Vencida la recesión, el Gobierno comenzó sin prisa pero sin pausa a retirar estímulos fiscales, pero la tragedia griega obligó a acelerar los procesos de consolidación fiscal y de reformas.
La política fiscal hizo su papel para suavizar los efectos del huracán pero cualquier ciudadano entiende que el Estado no puede tener un agujero fiscal del 11% del PIB y gastarse el doble de lo que ingresa de por vida. En el 2009 vino la subida de impuestos y en el 2010, el recorte del gasto.
La duda de los inversores internacionales, los socios que financiaron nuestro endeudamiento, es si tras el proceso de descentralización del gasto, seremos capaces de que comunidades autónomas y ayuntamientos cumplan con su parte del ajuste. Yo tengo pocas dudas al respecto. Tanto las unas como los otros han agotado el crédito de sus proveedores, de las entidades financieras y de los inversores internacionales, y ahora recortarán el gasto sí o sí.
Agotado el margen de política fiscal y cedida la monetaria en Fráncfort, la política económica debe centrarse en reformas de oferta que creen un entorno más favorable para crear nuevos negocios en inversiones que serán las que permitan retornar a una senda de creación de empleo.
La hoja de ruta ya está anunciada: liberalización del sector servicios, mercado de trabajo, ley de morosidad para limitar los pagos interempresariales a 60 días, reestructuración del sistema bancario, eliminación de barreras burocráticas para el desarrollo de nuevos negocios, reforzamiento del sistema de pensiones, mejora de la eficiencia de las administraciones públicas...
¿Qué más se puede hacer? Como le dijo Don Quijote a su escudero cuando le nombró gobernador de la Isla de Barataria: «Sancho, leyes pocas y que se cumplan». Igual de importante es la hoja de ruta de las reformas como la redacción de las leyes y su implementación. La aceptación social de las reformas es una variable determinante del éxito y, de nuevo, la sociedad está demostrando que hay que seguir apostando a ganador, por nuestro pura sangre.
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