El macroproceso contra la trama corrupta de Hacienda sienta en el banquillo a De la Rosa y Núñez

Los abogados de Javier de la Rosa, Juan José Folchi y del exjefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet han pedido hoy la prescripción de los delitos en el inicio del juicio que sobre la trama de corrupción en Hacienda se verá durante siete meses en la Audiencia de Barcelona y que se considera el último gran caso de la época del pelotazo.

Entre los imputados figuran 14 empresarios, algunos de ellos muy conocidos, como Javier de la Rosa y Josep Lluís Núñez, y ex altos cargos de Hacienda en Cataluña. La estrategia de las defensas se ha decantado esta mañana, en el caso de las del ex jefe de Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet, el también inspector Manuel Abella, y los empresarios Juan José Folchi y Javier de la Rosa, en solicitar la prescripción de la causa al haber transcurrido cinco años desde el inicio de la causa, el año 1999.

En total, los 14 imputados por la Fiscalía afrontan penas que suman 126 años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos, en el juicio más largo y complejo que se haya celebrado nunca en la Audiencia de Barcelona.

Petición de ocho años para Núñez

Concretamente, el fiscal pide ocho años para el expresidente del Fútbol Club Barcelona José Luis Núñez Clemente, para su hijo Josep Lluís Núñez Navarro y para Javier De la Rosa, calificado en su día como empresario modélico por el propio Jordi Pujol y que arrastra varias condenas por otros casos de corrupción.

La fiscalía reclama también 16 años para el exjefe de Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet; 19 años al exinspector Manuel Abella; 12 años al abogado Juan José Folchi y otros cuatro años a Eduardo Bueno.

La presunta trama de corrupción en Hacienda en Cataluña se comenzó a investigar hace más de una década, como una pieza separada del caso Torras, por el que De la Rosa fue condenado a siete años de prisión, al detectarse irregularidades en la inspección de algunas empresas del propio grupo Torras, así como de Núñez y Navarro, Ibusa y Kepro.

La complejidad del juicio, que contará con sesiones de mañana y tarde durante más de medio año, ha obligado a la sección novena de la Audiencia de Barcelona a doblar su número de magistrados, para que la actividad de esta sala no se vea paralizada durante el proceso.

Corruptelas sobre inspecciones

Según la fiscalía, a instancias de De la Rosa y Folchi, Huguet presuntamente se dispuso a paralizar y denegar inspecciones, a mentir en las diligencias y a extender actas de conformidad que no reflejaban la realidad tributaria de Torras. Todo ello, según la Fiscalía, con la colaboración del inspector Abella, jefe regional encargado de las inmobiliarias.

En cuanto a Núñez y su hijo, la Fiscalía explica que ofrecieron "ventajas económicas" a los inspectores Abella y Bergua a cambio del "torcido ejercicio de sus potestades", ya que conocían las responsabilidades tributarias y penales que podían derivarse de los "artificios fiscales" utilizados por el Grupo Núñez y Navarro, que les permitieron ahorrar 13,2 millones de euros en impuestos.

Pisos a bajo precio

Así, los Núñez presuntamente favorecieron a Abella en la compra de un piso y de tres plazas de aparcamiento en Barcelona y ayudaron a Bergua en la compraventa de un piso y un aparcamiento, "a un precio muy inferior" al del mercado; todo, a cambio de "inspecciones amañadas" y de que dejasen de comunicar a las autoridades la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública.

Núñez y Navarro supuestamente consiguió que se pasaran por alto "intencionadamente" artificios fiscales como transmisiones inmobiliarias entre las empresas del grupo con fines puramente fiscales o diferencias de precios en transmisiones de entidades registradas de similares características.

En cuanto a los acusados Eduardo Bueno, máximo responsable del grupo inmobiliario Ibusa, y su mano derecha, Francisco Colomar, la Fiscalía señala que diseñaron operaciones financieras para "aminorar de forma fraudulenta la carga fiscal que tendrían que haber soportado". Para ello acudieron a Folchi, que contactó con Huguet y Abella y presuntamente les persuadió para realizar inspecciones amañadas sobre el grupo.