Harina urbanística

Desde hace unos días y a raíz del inminente cierre definitivo de la empresa, los 13 trabajadores de Farinera Catalana SA (Facasa) de Vic han colgado en el exterior del edificio de la harinera pancartas de protesta. A partir de febrero, los obreros engrosarán las listas del paro y no están de acuerdo con las indemnizaciones que les ofrecen. El propietario actual es Panrico, con el 97,7% del capital.

El conflicto pone un punto final agridulce a la larga vida de una empresa fundada en 1956 por la familia Costa y ubicada en pleno centro de Vic, al lado del mercado municipal. Desde entonces, la actividad vinculada a la harina ha presidido impertérrita el día a día de los ciudadanos de la capital de Osona.

Panrico ha tomado la drástica decisión de cerrar tras consumarse el pacto al que llegó con el Ayuntamiento, ahora hace ocho años, fruto del futuro plan urbanístico de la ciudad. En este acuerdo se estipulaba que debían abandonar el casco urbano en el 2008 y, tal como harían otras empresas en la misma situación, para mudarse a un polígono del exterior.

La dirección descartó esta última posibilidad y aprovechó la coyuntura para cerrar definitivamente las puertas, alegando que existía una gran oferta en el mercado y que no era necesaria una harinera propia.

Durante los últimos años, Farinera Catalana ha saldado sus cuentas con pequeñas pérdidas amortiguadas sin problemas por Panrico. En el 2006, curiosamente, consiguió beneficios, casi medio millón de euros.

Pero más allá del ámbito económico, la situación tiene otro componente emotivo de gran calado en Vic. La harinera se ha ubicado desde su creación en la fábrica Torra, un imponente edificio modernista de cuatro plantas, construido en 1896 por el arquitecto Enric Sagnier e incluido en el catálogo del patrimonio arquitectónico de la ciudad. El Ayuntamiento ya ha hecho pública su intención de adquirir el inmueble para dedicarlo a equipamientos culturales.

No tardará mucho tiempo en engrosar las propiedades municipales. La empresa cesó oficialmente su actividad el 14 de diciembre y ya ha iniciado el proceso de liquidación de existencias. Los obreros continúan asistiendo al trabajo, pero, una vez allí, no hacen nada. Su futuro en la fábrica tiene los días contados.

La empresa ha puesto en marcha un expediente de regulación, con unas indemnizaciones que no han sentado nada bien a los trabajadores, la mayoría de ellos con más de dos décadas de trabajo acumuladas en la casa. Se trata de una propuesta de 20 días por año trabajado, con un máximo de un anualidad, el mínimo que marca la ley laboral. "Es una tomadura de pelo", se queja Pere Palou, segundo molinero. La plantilla exige 35 días por año trabajado, con un tope de dos años.

"Panrico ha tenido ocho años para resolver la situación --continúa Palou-- y ahora nos encontramos con que algunos compañeros que han trabajado toda su vida aquí se pueden ir a la calle con una sola anualidad".