El fiscal reclama cárcel para 13 implicados del 'caso Hacienda'

La Fiscalía Anticorrupción reclama penas que implicarían el ingreso en prisión, en el supuesto de condena, para 13 implicados en la trama de corrupción descubierta en 1999 en la Delegación de Hacienda en Catalunya. En el escrito de acusación detalla los supuestos sobornos pagados por un grupo de empresarios, entre ellos el constructor y expresidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez Clemente, y su hijo, a cinco inspectores de la Agencia Tributaria. El objetivo: amañar las inspecciones fiscales.

Los fiscales Emili Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez Rey han redactado un escrito de acusación que ocupa 350 páginas. El informe fue entregado ayer en el juzgado de Barcelona que durante ocho años ha instruido un proceso y que ha entrado en su recta final. En el punto de mira de la fiscalía se han puesto 14 personas, entre ellos cinco inspectores de la Agencia Tributaria, encabezados por el exjefe regional, Josep Maria Huguet, y una retahíla de empresarios, directivos, abogados y asesores. Y cuatro conglomerados empresariales: el Grupo Torras, el Grupo Núñez y Navarro, Ibusa y Kepro.

La fiscalía reclama, en definitiva, para 13 personas --para un inspector se solicita multas-- penas que oscilan entre los dos años y seis meses y los 19 años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación y omisión de perseguir actividades delictivas.

En el término medio de la tabla, están Josep Lluís Núñez Clemente y su hijo, que se enfrentan a ocho años y dos meses de prisión y una multa de 2,5 millones de euros. Para el financiero Javier de la Rosa se solicitan ocho años y también una multa millonaria; un castigo inferior que para el que fuera su abogado Juan José Folchi (12 años) y para el exjefe de la Agencia Tributaria Josep Maria Huguet (16 años). No se libra el empresario Eduardo Bueno (4 años), ni el asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carreté (seis años y cuatro meses). Asimismo, las deudas tributarias deberán reembolsarse.

CONTACTOS CORRUPTOS

La acusación sostiene que los inspectores Huguet, Manuel Abella, Roger Bergua y Álvaro Pernas se mostraron varias veces "indebidamente propicios a los intereses de ciertos contribuyentes de elevado perfil económico, excitados por las ventajas patrimoniales que estos les ofrecieron con la finalidad de ganarse sus voluntades". En algunos de los casos, los "corruptos contactos" fueron a través de asesores. En opinión de la fiscalía, los funcionarios se movieron "por significativas recompensas económicas" y "torcieron intencionadamente el ejercicio de sus funciones públicas a fin de beneficiar la posición tributaria" de los empresarios imputados.

De esta manera, los inspectores obviaban "toda comprobación efectiva de los elementos fiscalmente irregulares", omitían la denuncia de los posibles delitos fiscales y favorecían que el desenlace de las comprobaciones tributarias fuera "inocuo" para los afectados. Algunos funcionarios se dispusieron de forma consciente y a cambio de dinero o prebendas --trato a favor en la compra de viviendas-- a paralizar y denegar inspecciones o a levantar actas que no reflejaban la realidad. ¿Y los empresarios qué ganaban?: "Minorar los costes fiscales", según los fiscales.

El abogado Javier Melero, que representa al exinspector Huguet, aseguró ayer que la acusación del fiscal se basa "en meras sospechas" y no está justificada. Cristobal Martell, que defiende al grupo Núñez y Navarro, negó las acusaciones e insistió en que sus clientes "nunca han pretendido obtener el favor ilícito de funcionarios". Manuel Troyano, abogado de Eduard Bueno, calificó de "infundada" las imputaciones.