El Gobierno activa la denuncia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) para suspender a Rubiales

Luis Rubiales se enfrentaba a una dicotomía este viernes: o dimitía o sería inhabilitado. Las consecuencias del beso sin consentimiento a Jenni Hermoso no admitían más recorrido para un presidente acorralado que, en la mañana del viernes, decidió dar un giro a los acontecimientos. A pesar de que su entorno cercano había filtrado que dimitiría, finalmente decidió no hacerlo.

O lo que es peor: decidió justificarse para morir en atropello. Lo hizo en un discurso cargado de matices políticos, en los que cargó directamente contra Irene Montero, Yolanda Díaz o Pablo Echenique. Incluso antes de terminar su comparecencia, las reacciones se han producido en cascado. El Ejecutivo entrará de lleno en el 'caso Rubiales' y activará la denuncia ante el TAD para suspender al presidente de la RFEF por una "falta muy grave".

Víctor Francos, presidente del CSD, aseguraba en la 'Ser' que "el Gobierno va a actuar" y aseguraba que acababa de "activar todos los estamentos del Consejo para tomar las medidas oportunas. Vamos a analizar las denuncias, analizar la causa y puedo anunciar que vamos a elevar al TAD una denuncia como falta muy grave".

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Desde el órgano deportivo, se va a evaluar "si hay causa para poder hacer alguna acción propia y, si eso lleva a la solicitud de suspensión". Aunque Francos recordó que no pueden inhabilitar a Rubiales, "sí podemos suspenderle, en último término". Asimismo, indicó que nadie debe dudar "de la contundencia con la que vamos a actuar". En concreto, sobre el discurso, Francos opinó que le ha "parecido fuera de la realidad y, por lo tanto, me demuestra que las consecuencias de los hechos que tuvieron lugar no son valorables en términos de graves, sino de muy graves".

El jueves por la tarde, el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, confirmaba que "la próxima semana el CSD elevará al TAD las diversas denuncias que se han interpuesto contra Luis Rubiales". Eso significaba que pasase lo que pasase en la asamblea, y cualquiera que fuese el resultado de la investigación interna del departamento de Integridad de la Federación, el Gobierno le inhabilitaría enviándolo a un limbo en el que perdería todo su poder al mando de la RFEF, para después seguir un tortuoso proceso que acabaría con su dimisión.