El socio del Barça que denunció a Laporta acudirá a los juzgados de Barcelona después de las elecciones

Isidoro Segundo Navarro Gurumeta, socio del FC Barcelona que denunció ante la Audiencia Nacional al expresidente del Barça y candidato a la reelección, Joan Laporta, afirma que acudirá a los juzgados de Barcelona después de las elecciones que se celebrarán en el club azulgrana el próximo 15 de marzo, según un comunicado remitido a EL PERIÓDICO. El seguidor del club azulgrana ha anunciado este martes que no recurrirá el auto dictado el pasado 2 de marzo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el que inadmitía la denuncia por falta de competencia para investigar los delitos atribuidos a Laporta y a su equipo directivo saliente, entre ellos blanqueo de capitales, fraude a Hacienda y organización criminal.

Navarro Gurumeta sostiene que nunca ha sido su intención “querer influir en la campaña electoral y menos aún causar ninguna clase de perjuicio” al FC Barcelona, “equipo al que amo desde mi infancia y del cual me precio de ser socio desde hace 25 años”. Por esta razón, precisa, "no realizaré actividad ni gestión alguna hasta que hayan pasado las elecciones” del 15 de marzo. Sin embargo, advierte que “a partir de la indicada fecha ejercitaré todas aquellas acciones legales que permite el ordenamiento jurídico”. En este sentido, concreta que el hecho de no recurrir la decisión de la Audiencia Nacional, “no excluye que se pueda acudir de nuevo ante la Justicia, pero ya en la jurisdicción propia de la ciudad de Barcelona”.

El juez Santiago Pedraz inadmitió la denuncia por una cuestión de competencia, pero no entró en el fondo del asunto. El magistrado, que hizo suyo el informe de la Fiscalía, señalaba en su resolución que la Audiencia Nacional no era competente para investigar los hechos denunciados, al no haberse cometido íntegramente en el extranjero todos los delitos atribuidos. Esta decisión dejaba la puerta abierta a que el socio del Barça volviera a presentar la denuncia ante los juzgados de Barcelona. La denuncia relata la existencia de una presunta estructura en el extranjero, pero también operaciones realizadas en la capital catalana y en la sede del club. El magistrado reconocía en su auto que los delitos de administración desleal, contra la Hacienda Pública y de organización criminal cuentan con “una evidente vinculación territorial con las conductas descritas” y, por lo tanto, “se identifican” acciones “radicadas en Barcelona que pueden ser tachadas de típicas”.

Las operaciones con el club

En esta presunta trama denunciada, la acusación incluye cinco operaciones relevantes: la venta de activos digitales del club (Barça Visión/Bridgeburg Invest), “en condiciones perjudiciales para la entidad”; la adjudicación, sin licitación, del contrato de telecomunicaciones del Camp Nou a la sociedad New Era Visionary Group (NEVG); la compra de asientos de lujo del estadio a esta misma mercantil; la adjudicación de la construcción del nuevo campo; y el supuesto pago de una intermediación en la renovación del contrato de patrocinio deportivo con la multinacional norteamericana Nike.

El socio del Barça detallaba en la denuncia presentada en la Audiencia Nacional la existencia de un entramado de sociedades radicadas en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia, que define como una “estructura” de “cobro de comisiones indebidas”, pagadas en “jurisdicciones opacas”. Estos fondos, siempre según la denuncia, se reintroducían y se blanqueaban a través de “negocios aparentemente legítimos”. Según el denunciante, en la operativa se aprecia “ánimo de ocultación”, con la utilización de “sociedades pantalla” y el “secreto en la identidad de los inversores”. Esta situación agrega, habría originado un supuesto “perjuicio potencial para el club” en beneficio de los gestores “implicados” en esa presunta trama, formada por empresas españolas y otras radicadas en el extranjero.

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