El juez Pedraz pregunta a la fiscalía si admite o no la denuncia contra Laporta por presunto blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado traslado este miércoles a la fiscalía de la denuncia presentada por un socio del FC Barcelona contra el expresidente del club azulgrana y candidato a la reelección, Joan Laporta, y parte de lo que fue su equipo directivo, a quienes se atribuye, entre otros delitos, el presunto blanqueo de capitales por el supuesto “cobro de comisiones indebidas”. De esta manera, el magistrado recaba la opinión del ministerio público sobre su competencia para abrir una investigación y sobre la admisión o no a trámite de la denuncia, según informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. Tras cumplimentar este trámite, para el que no hay plazos legales, el togado tomará una decisión.

La denuncia presentada el pasado viernes no solo incluye a Laporta, sino también a altos directivos del club, como el presidente en funciones, Rafael Yuste; la exvicepresidenta institucional y responsable de la gestión del Espai Barça, Maria Elena Fort; Eduard Romeu, exvicepresidente económico; Ferran Olivé, tesorero, y Josep Cubells, secretario de la junta directiva. También a ejecutivos como Manel del Río, director financiero; Sergi Atienza, jefe del departamento de compliance, y Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos.

La denuncia incluye al hermano de Laporta, Xavier Laporta Estruch, así como a presuntos intermediarios en diferentes operaciones que, según el texto presentado en el juzgado, habrían participado en un entramado de sociedades radicadas en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia, que define como una “estructura” de “cobro de comisiones indebidas”. Estos fondos, siempre según el denunciante, se reintroducían y presuntamente se blanqueaban a través de “negocios aparentemente legítimos”. “Se trata de una operativa típica: utilizaron múltiples holdings opacos (como sociedades chipriotas) para diluir la trazabilidad de la propiedad”, ya que su razón de ser “es servir de esquema de préstamo puente encubierto”. Tanto Laporta como el FC Barcelona han desmentido los hechos que se atribuyen en la denuncia.

Las cinco operaciones

En cuanto a esos negocios, la denuncia se centra en cinco relevantes y muy concretos: la venta de activos digitales del club (Barça Vision/Bridgeburg Invest), “en condiciones perjudiciales para la entidad”; la adjudicación, sin licitación, del contrato de telecomunicaciones del Camp Nou a la sociedad New Era Visionary Group (NEVG); la compra de asientos de lujo del estadio a esta misma mercantil; la adjudicación de la construcción del nuevo campo, y el supuesto pago de una intermediación en la renovación del contrato de patrocinio deportivo con la multinacional estadounidense Nike. Además del blanqueo de capitales, la denuncia añade los presuntos delitos de fraude a Hacienda y organización criminal. El socio del Barça ha aportado, además de artículos de prensa, documentación mercantil y financiera.

A entender del denunciante, la “hipótesis central” es que “ciertas operaciones” del FC Barcelona desde marzo de 2021 fueron “deliberadamente sobredimensionadas o mediadas para generar excedentes no declarados (comisiones, sobrecostes) que alimentarían un fondo paralelo”. Las sociedades chipriotas, pone como ejemplo, “funcionan como estaciones de lavado donde el dinero llega presuntamente desde cuentas de terceros, se fragmenta entre múltiples empresas o cuentas (para dificultar el rastreo), permanece un tiempo para simular actividad o inversión y, finalmente, se legitima destinándolo a adquirir activos del Barça, como Barça Vision”.

En la denuncia se expone que será necesaria, por ejemplo, la declaración de quien fuera vicepresidente del club, Juli Guiu, que dimitió de su cargo en enero de 2025, lo que originó un nuevo frente de crisis. Guiu barruntaba dejar la directiva al verse apartado de las negociaciones para renovar el contrato con Nike. El papel que desempeñó en la contratación de Spotify se fue volviendo irrelevante a medida que se sucedían las conversaciones con la firma deportiva. Laporta impuso la presencia de un intermediario que supuestamente habría cobrado una comisión millonaria —estimada en 50 millones de euros—, ante la disconformidad de Guiu.

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