Laporta niega haber firmado algún contrato con la inversora que lo acusa de estafarle 100.000 euros

El día después de que el Barça pasara de ronda en la Copa del Rey, el presidente del club azulgrana Joan Laporta ha comparecido a su cita en el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona para responder por la acusación de una estafa agravada a una inversora que entregó 100.000 euros a dos sociedades, Core Store, ubicada en Barcelona, y CSSB Limited, radicada en Hong Kong, para proyectos empresariales relacionados con el Reus Deportiu y una academia de fútbol en China.

Ante la juez, Laporta ha negado conocer a la inversora y haber firmado ningún contrato con ella como representante de estas sociedades. También ha dicho que se desvinculó de Core Store en 2019 y que esta sociedad está siendo investigada por la Agencia Tributaria, según han explicado fuentes judiciales presentes en la declaración. Además, el presidente del Barça ha remarcado que era Joan Oliver, exdirector de TV3, del Barça y expropietario del CF Reus Deportiu, quien se encargaba de estas operaciones.

Precisamente Oliver es otro de los investigados en estos procedimientos, además de Laporta, junto al vicepresidente del Barça Rafael Yuste y el economista y exdirectivo del club azulgrana Xavier Sala i Martín. Los tres deben comparecer en las próximas semanas a declarar como acusados después de que el juzgado no haya podido localizarlos y por eso los ha vuelto a citar.

La credibilidad profesional y empresarial

Los cuatro están acusados de presuntamente estafar unos 100.000 euros mediante las dos sociedades a una inversora, representada por el letrado Pepe Oriola, que entregó la cantidad a cambio de una rentabilidad del 6%. La mitad de la inversión fue para el proyecto del ascenso de categoría del Reus, del que ha recuperado unos 35.000 euros según sus abogados y los otros 50.000 euros para comprar acciones de un equipo de la Superliga China. Por eso reclaman el resto del dinero, más los intereses, y creen que Laporta y sus socios usaron su "credibilidad profesional y empresarial" para conseguir esta inversión en un momento en el que sabían la presunta inviabilidad de los proyectos.

Frente a esto, los representantes legales de Laporta han explicado a este diario que entre 2023 y 2025 se ha devuelto casi todo el dinero que se le debía a esta inversora, por lo que se trata de un caso de incumplimiento contractual y no un delito. El abogado de Laporta, Jordi Pujante, ha remarcado que la querella de la inversora está "plagada de medias verdades, ciertas falsedades y basándose en recortes de prensa convenientemente interesados o muy tendenciosos".

Además, el letrado ha añadido que su cliente ha declarado que desconocía los proyectos deportivos en los que se invirtió el dinero pero que algunos no funcionaron, como el de China por el Covid. "Lo que estamos es ante un cumplimiento contractual, pero en ningún caso ante una estafa, ni un engaño", ha dicho el abogado quien ha añadido que el presidente azulgrana no intervino en la firma de ningún contrato con la inversora que se ha querellado.

Seis años de cárcel

Sin embargo, el abogado de la querellante, Pepe Oriola, ha explicado que aportarán al juzgado un documento con la firma de Laporta conforme había recibido el dinero de esta inversión. Además, ha recordado que el presidente azulgrana fue administrador de Core Store, sociedad vinculada al Reus, hasta 2019 pero que sigue siendo socio de esta mercantil. Además, ha dicho que en la fase judicial correspondiente tienen previsto pedir una pena de seis años de prisión para Laporta y el resto de acusados al considerar que la documentación existente en el procedimiento prueban la estafa agravada.

Sobre los otros dos procedimientos en los que Laporta consta como investigado, Oriola ha destacado que "han desaparecido 4 millones de euros, que nadie sabe dónde están, ni nadie justifica quién se los ha gastado, ni en qué se han invertido, ni en absolutamente nada".

Otras causas

Laporta está investigado es en una presunta estafa de 4,7 millones de euros cometida entre 2016 y 2018 a una familia que consiguió un premio de 34 millones de euros en la lotería Primitiva. Según consta en la querella, que va contra Laporta, Oliver y otras cinco personas, la familia invirtió en la sociedad CSSB Limited por un periodo de 3 años al 6% de interés anual. Únicamente recibieron 84.000 y tampoco se les devolvió la cantidad aportada. La familia aseguró que contaron con el asesoramiento de Laporta. En este procedimiento se han practicado diversas diligencias.

Hay otra tercera causa contra el presidente del FC Barcelona. El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona indaga la querella de un inversor que en 2016 entregó 50.000 euros a CSSB Limited con la promesa de una rentabilidad anual del 6% y «la posibilidad de recuperar la inversión». Se le ofrecía invertir en el Beijing Institute of Technology. En este procedimiento se suspendió la declaración de Laporta hace un año y todavía no hay fecha.

Sin embargo, la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona contra Oliver por presunta estafa al recibir 100.000 euros de una inversión que hizo el tenista profesional Albert Ramos en CSSB Limited se ha archivado por segunda vez, según fuentes judiciales.

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