El expresidente del Club Laietà dice en el juzgado que los pagos del Barça por las molestias de las obras fueron legales

El expresidente del Club Esportiu Laietà, Domingo Goenaga, ha asegurado este jueves ante el juzgado que investiga supuestas comisiones irregulares del FC Barcelona que los cerca de 1,5 millones de euros que cobró su entidad fueron plenamente legales y justificados por las molestias que las obras del Espai Barça causarían al club de tenis. El juzgado investiga si estos pagos se realizaron a espaldas de la mayoría de la directiva azulgrana y si su justificación era falsa. Goenaga ha afirmado que el dinero para el club y su fundación era por las molestias que las obras del Barça provocaban en las instalaciones y en los socios.

Según han explicado a ACN fuentes jurídicas, Goenaga ha declarado durante más de una hora, de forma “tranquila” y respondiendo a todas las preguntas de las partes. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó, en julio de 2017, una modificación del plan general metropolitano que suponía el inicio del proyecto del Espai Barça. En una zona no afectada por el plan estaba el centenario Club Esportiu Laietà, que promueve actividades deportivas, sobre todo tenis y pádel, y una fundación del mismo nombre. Bajo el mandato del expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu, el club azulgrana acabó pagando 1,5 millones de euros al Laietà por las supuestas “molestias” que le causarían las obras. En concreto, se pagaron unos 561.000 euros al club y 421.000 euros a la fundación por el polvo y el ruido, y unos 516.000 euros más por el uso de las instalaciones del Laietà por parte de los trabajadores de las obras.

Según el magistrado instructor y la fiscalía, Bartomeu no explicó a la junta los motivos de este desembolso, que según la fiscalía constituye un “trato injustificado de favor” al Laietà, ya que sus terrenos “no estaban afectados” por la reforma.

Un perjuicio de 30 millones de euros

La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona acusa a Bartomeu y a otros exdirectivos, como Jordi Mestre e Ignacio Mestre, de administración desleal continuada por haber “omitido los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno”, ya que autorizaron el pago de unos 13 millones de euros en comisiones de intermediación y otros gastos poco claros y considerados irregulares por el ministerio fiscal. El perjuicio total al club se estima en unos 30 millones de euros por parte del magistrado instructor. Además de Bartomeu y los dos Mestre, también están investigados el exdirector general Òscar Grau o el exjefe de los servicios jurídicos Roman Gómez Ponti, entre otros.

En concreto, la fiscalía se fija en dos operaciones más además de la del Laietà: una intermediación por el fichaje del delantero brasileño Malcom y los honorarios millonarios de un abogado por la sentencia en la que el Barça aceptó haber cometido fraude fiscal en el fichaje de Neymar. En las tres, la fiscalía cree que Bartomeu actuó deslealmente en la gestión patrimonial y “usurpó” funciones y capacidad de decisión a la directiva.

La junta directiva de Joan Laporta denunció las irregularidades a la fiscalía en enero de 2022, adjuntando 108 documentos que las demostrarían, y el ministerio público encargó la investigación a la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra. La fiscalía presentó la denuncia en junio de 2023 contra 11 exdirectivos del club, abogados y otras personas, y el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona decidió investigarlos.

El relato de la fiscalía recuerda que en una reunión de la junta directiva de Bartomeu en febrero de 2017 se estableció que la junta debía autorizar todos los contratos superiores a 200.000 euros. Pero meses después, en diciembre, la junta creó el Comité de Adjudicaciones y Aprobaciones, que podía autorizar pagos de 200.000 a un millón de euros.

Las comisiones por Malcom

La operación sospechosa que se atribuye a Jordi Mestre es el fichaje del delantero brasileño Malcom del Girondins de Burdeos, en julio de 2018, por 41 millones de euros. El Barça abonó supuestamente una comisión de 10 millones de euros en un contrato que se firmó después de que el fichaje se hubiera cerrado, según un acuerdo firmado por el jugador y la sociedad Elenko Sports, para remunerar a los intermediarios en la operación con esos diez millones. En una reunión posterior, varios responsables del club, entre ellos Jordi Mestre, habrían acordado que el Barça pagase 855.600 euros a la sociedad Elenko por las tareas de intermediación. Como el club no había firmado ningún contrato con esta empresa, tuvo que presentar después una declaración de Hacienda complementaria que supuso el pago de 2,9 millones más por recargos e intereses.

En su declaración judicial de hace un mes, Jordi Mestre afirmó que él no autorizó ni firmó aquel documento. Cuando se enteró por la prensa de que su firma aparecía en el documento en 2021, envió un burofax al club pidiéndole que le mostraran el contrato original. Cuando lo vio, envió otro burofax asegurando que la firma no era la suya y que se había introducido de forma fraudulenta escaneándola de algún otro documento. Se da la circunstancia de que ni la fiscalía ni el club han aportado estos burofax a la causa.

También declaró ante el juzgado Ignacio Mestre, exdirector general del Barça. En su denuncia, la fiscalía también hace referencia al pago de 1,7 millones de euros, supuestamente indebidos, a un abogado de Barcelona, José Ángel González Franco, que había cerrado un acuerdo de conformidad por fraude fiscal en el caso Neymar. En virtud de ese acuerdo, el Barça acabó aceptando su responsabilidad como persona jurídica y Bartomeu y su antecesor, Sandro Rosell, quedaron exonerados. El club acabó aceptando dos delitos fiscales y pagando una multa de 5,5 millones de euros, cuando la que solicitaba inicialmente la fiscalía era de casi 70 millones. La fiscalía señala que este pago podría haber servido, en realidad, para abonar la defensa jurídica de Bartomeu en esa misma causa, que también llevó González Franco. Y asegura que el pago se hizo “sin que el abogado hubiera intervenido en la conformidad” pactada.

Ignacio Mestre declaró en el juzgado que en la primavera de 2016, cuando se estaba negociando con la fiscalía un posible acuerdo de conformidad, se hizo un “contrato verbal” con González Franco para pagarle sus honorarios y una comisión del 10% del dinero ahorrado por el club en caso de acuerdo con la fiscalía. A principios de marzo le pagaron 950.000 euros como honorarios fijos, cantidad que habría autorizado la junta directiva semanas después. La conformidad con la fiscalía se formalizó en julio y el Barça pasó de tener que pagar 22 millones a poco más de 5. Ese ahorro de 17 millones se tradujo en una comisión de 1,7 millones para el abogado. En agosto se formalizó el contrato con el abogado, cuando Ignacio Mestre ya no estaba en el cargo, y se le pagaron 769.000 euros más.

La fiscalía sospecha que González Franco no intervino en el acuerdo de conformidad, sino que lo hizo otro abogado, y que el dinero que cobró, en realidad, era para pagar la defensa de Bartomeu. Además, recuerda que el club ya tenía una póliza de seguro que incluía la defensa jurídica.

Tras la investigación inicial, el juez también aprecia operaciones opacas en los pagos al Atlético de Madrid por el fichaje del delantero francés Antoine Griezmann u otros intercambios de jugadores.